El 27 de mayo de 2018 se celebran elecciones presidenciales en el país. El candidato ganador deberá tener la mitad más uno de los votos, porque si no, habrá una segunda vuelta, que se celebraría el 17 de junio de este mismo año.
Después de cuatro años de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), el tema de los acuerdos de paz es uno de los más importantes de las campañas de los diferentes candidatos.
Thomas: “Yo no voy a votar, todo el poder de la política está a cargo de las mismas familias y siempre están llenas de corrupción”
También lo son la corrupción y la precaria economía del país. Pero ni los candidatos más jóvenes tienen un mensaje claro para la población juvenil. La abstención se está convirtiendo en una realidad más que en un fenómeno.
En las pasadas elecciones presidenciales hubo un 60% de abstención. Según el Barómetro de las Américas, seis de cada 10 jóvenes dicen no confiar en las instituciones democráticas y siete de cada 10 piensan que a los gobernantes no les interesan sus opiniones.
El politólogo y profesor de la Universidad Central, Jairo Rivera, asegura que siempre se ha manteniendo niveles grandes de abstención al voto, eso no es nuevo. Rivera lo achaca a una crisis de representación política, ya que, para la mayoría de los jóvenes, la palabra política es sinónimo de «politiquería».
Cindy: “La verdad que para hacer filas, como que no, mejor prefiero quedarme a descansar”
A los jóvenes pareciera no importarles las cuestiones políticas, y más cuando en este país se considera que las personas de mayor edad son los “indicados para tomar esas decisiones”, puesto que tienen más experiencia y saben cómo es el juego de la dichosa mermelada y la corrupción. Son pocos los que tienen claro las diversas propuestas de las campañas de los candidatos que se postulan en este año.
Para Rivera, “si en Colombia no entendemos la necesidad de reconstruir lo público, lo de todos, y le damos nuestro derecho a las supuestas personas responsables para que elijan por nosotros, estamos en un país que ha sido derrotado por la propia desidia de su sociedad”.
El verdadero problema de no votar, añade Rivera, es que los jóvenes “no aprovechan el único medio por el cual se hacen escuchar políticamente escogiendo un representante”. Pero ante este panorama tan árido dice sentirse esperanzado, porque dice que existen opiniones juveniles con el ánimo de ser parte de una participación tan importante como lo es el voto.
Ruddy: “Yo no voto porque no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas”
Por su parte, Carlos Eduardo Guevara, representante al senado por parte del partido MIRA, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, cree que las instituciones políticas actuales no le permiten a los jóvenes participar de forma más activa. Afirma que sí existe una “opinión juvenil”, pero que para que las ideas no se queden en pura opinión, es necesario votar y decidir quiénes son los indicados para representarnos.
Guevara cuenta que su grupo político presentó una propuesta de reforma de ley para darle más importancia a la política juvenil. Por ejemplo, propusieron bajar la edad para ingresar al Congreso, ya que los jóvenes de 20 años ya son profesionales, “con capacidades de aplicar a estos puestos y que buscan un cambio en la política”.
Catalina: “Yo voy a votar porque creo que Colombia todavía tiene una salvación y tiene un rayo de luz para que salga detanto caos que vive actualmente”
Según una encuesta realizada por la Agencia Central de Noticias (ACN) a más de 60 jóvenes, de 18 años en adelante, al 35,5 % no le parece importante votar, al 14,5% tal vez les parece importante votar y el resto sí son conscientes de la importancia del voto.
El 74,2% de los encuestados no tienen clara las propuestas de los candidatos y esto lo achacan al mal manejo de la comunicación, en cómo exponen sus propuestas, en cómo la mayoría de los postulados apuesta por los medios tradicionales, y no en las redes sociales.
Felipe: “Es de la pocas oportunidades que tenemos para tener influencia en los cambios sociales y políticos en nuestros país y creo que es algo que debemos hacer en conjunto”.
Los candidatos no están haciendo un especial hincapié en el problema de la abstención en el país. La compra de votos y la manipulación de los mismos ha sido un fantasma que ha recorrido los últimos comicios. ¿Serán estas unas elecciones diferentes? Tal vez los jóvenes las conviertan en diferentes.
El Sáhara Occidental fue colonizado por el Reino de España en el siglo XIX. Desde 1976, cuando España desocupó la región, Marruecos ha reclamado la soberanía sobre el Sáhara a través de la Marcha Verde.
Desde la retirada española del territorio saharaui, Mauritania, Marruecos y el Frente Polisario (movimiento de liberación que persigue la autodeterminación del pueblo saharaui) ha estado sometido a un enfrentamiento armado por su control.
En 1979, Mauritania decidió abandonar el conflicto y dejó la autoridad casi por completo al gobierno marroquí. Con el fin de resolver la incertidumbre del pueblo saharaui, se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
A pesar de ello, 39 años después, el lugar se mantiene ocupado por Marruecos, aunque España sigue siendo la potencia administradora. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la situación del pueblo saharaui es “una de las crisis humanitarias más duraderas de la historia”.
Por ello, diferentes ONGs o los Cascos Azules intervienen para contribuir a la alfabetización de las personas jóvenes, así como evitar los posibles casos de desnutrición. Hamdi Mansour, delegado del Frente Polisario en Canarias, subraya que el territorio saharaui está separado por “minas antipersonas” que se extienden a través de 2.700 kilómetros.
De esta forma, se dividen en dos partes: El Frente Polisario y los campos de refugiados al Este, y la zona ocupada por Marruecos, frente a las Islas Canarias.
El caso más famoso, en Gran Canaria, de relleno de arena de una playa con áridos saharauis extraídos y comercializados ilícitamente.
Mientras la empresa Anfi (familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla) fue la encargada de cubrir los callaos de la costa de Tauro, en el municipio de Mogán, con arena saharaui, sortean a la Justicia y se aprovechaban del vacío legal, sin adjuntar el informe del impacto ambiental pertinente.
Fuentes del Seprona confirman, precisamente, ese “vacío legal” con respecto a las importaciones de arena del Sáhara. Fue la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar quien, en 2015, ejecuta la concesión a dicha persona jurídica a 50 años.
Santiago Santana Cazorla colocó al menos 70 mil toneladas sin tratamiento previo. Del camión a la cala. El inicio de la obra data de finales de febrero de 2016. El proyecto contó con una inversión de 2,5 millones de euros. La turbidez del agua resulta un grave perjuicio a los sebadales del fondo marino de Mogán, en su Zona de Especial de Protección de la Franja Marina que comienza a 300 metros desde la orilla.
Y es que, intentaron duplicar sus dimensiones al aumentar a 280 metros de longitud y 50 de ancho su superficie.
El tráfico mundial de arena se encuentra cerca de los 18.000 millones de toneladas, solo por debajo del consumo de agua, y siendo seis veces superior a la demanda de petróleo, con 3.400 millones de toneladas, según datos extraídos del informe de la Internacional Union of Geological Sciences del año 2014.
Al contrario de lo que el imaginario colectivo puede llegar a pensar, la arena es un bien primario extraído de la tierra y, como tal, es escaso. Entre los sectores más demandantes de este material se encuentran la construcción y el turismo, en este orden.
El primero cuenta con tres cuartas partes de la totalidad de la demanda de arena para su uso en la elaboración de diversas infraestructuras, entre otras razones, por la relación calidad-precio presupuesta en el empleo del hormigón armado frente a otros materiales.
Uno de los principales rasgos de la arena es su versatilidad. Su uso abarca desde la fabricación de chips, móviles, ordenadores, o pinturas, hasta la elaboración o el saneamiento de playas, así como en la creación de hormigón y mortero.
Además sirve de refugio y protección para muchos seres vivos, desde microorganismos como las bacterias, pasando por líquenes hasta seres más complejos como los escorpiones, víboras o gacelas. Se da la situación en la Comunidad Autónoma que ambas industrias, tanto la turística como la de la construcción son prioritarias en el desarrollo económico de Canarias.
A medida que crece la utilización de la arena y sus derivados en el sector industrial, la amplia demanda se aúna a la escasez local en las canteras isleñas, por lo que se recurre al expolio de arena de otros lugares, el tráfico entre islas o a la explotación de recursos desde otros puntos, como el del desierto del Sahara.
El buque Dura Bulk descarga arena en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 27 de noviembre de 2017 / Rita Robaina
Este último caso ocasiona un desajuste jurídico, puesto que “el acuerdo comercial agrícola y pesquero de los Veintiocho con Marruecos nunca fue aplicable para el Sahara Occidental”, un hecho que ha desoído el Reino de Marruecos, quien “a pesar de las sentencias y acuerdos internacionales” apunta César-Javier Palacios, miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y experto en el estudio del impacto medioambiental, ha dado lugar a “la instalación de colonos del norte, y ha convertido a los saharauis en una minoría dominada, con ciudades fantasma levantadas en medio del desierto, donde ya viven más de medio millón de personas”.
Al mismo tiempo que provoca una brecha en el ecosistema, produce “cambios en los movimientos naturales de la arena, como una grave alteración de los hábitats de especies de animales amenazadas, entre otros, la llegada masiva de numerosas especies saharianas a estas zonas que, en muchos casos, se comportan como especies invasoras”,.
En cuanto a los recursos hidráulicos, un mapa geológico elaborado por científicos británicos muestra que África descansa sobre una reserva inmensa de agua subterránea, cuyos mayores acuíferos se situarian en gran parte del desierto del Sáhara.
Aunque “sería necesario extraer cantidades estratosféricas de arena para que pudieran dañarse esas reservas, su posible incidencia estaría más bien relacionada tan solo con las recargas futuras.
El peligro de estos acuíferos es sobre todo su sobreexplotación incontrolada”. Esta extracción desmedida trae consigo consecuencias negativas para las regiones más pobres, y que cuentan con una regulación peor.
Puesto que altera tanto ríos como los costas, al promover la erosión, que hace más vulnerables a las playas ante las tormentas o posibles inundaciones causadas por el crecimiento de las mareas. Asimismo, la extracción produce estanques de agua que atraen mosquitos portadores de diversos virus.
Los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad Biológica trata de promover la explotación responsable de los recursos, a través de un consumo, producción y gestión de recursos naturales de manera respetuosa con el planeta. Sin embargo, en la actualidad, la extracción de arena, así como su posterior uso y comercio, no se encuentra regulada por ningún convenio internacional, únicamente por prohibiciones a nivel nacional o regional.
La década de los setenta es clave para entender las conexiones que existen entre Canarias y Marruecos y, sobre todo, para acertar la llegada de los primeros barcos cargados de arena saharui a los puertos de las islas capitalinas, que en ocasiones ha acabado en las playas que son el atractivo turístico de las Islas.
La normativa vigente señala que las playas artificiales son calificadas como playas urbanas. La Demarcación General de Costas, desde su delegación en Gran Canaria, suele definir la regeneración de playas como “playa nueva”.
Asimismo,explica que esta iniciativa puede ser promovida por el propio organismo, una institución municipal o insular, o una empresa privada que, como contrapartida, podrá explotar comercialmente ese frente marítimo, como ha sucedido en diversas localidades de Canarias.
Fuentes de la patronal hotelera de Tenerife Ashotel aseveran que als er definidas como artificiales requieren grandes inversiones que las convierte en infraestructuras turísticas, o núcleos como bien puede ser la playa de Las Américas.
“Hay playas que necesitan regenerar arena; es necesario que se autoricen dichos dragados de arena natural. Existen playas en proyecto en Arona (Tarajales), Guía de Isora (Las Salinas) y dos en San Miguel (San Salvador y San Blas)”, añaden.
Para regenerar la arena de una playa, los organismos competentes tienen tres opciones: la importación, el machaqueo y la extracción en otras zonas de las Islas.
En Tenerife, dichas zonas pueden ser El Sauzal, vertiente santacrucera de Anaga y el litoral de Santiago del Teide. Desde Ashotel puntualizan que “para grandes volúmenes, posiblemente sea más económica la importación desde el oeste de África (no del Sahara), de los fondos marinos de dicha costa, en especial los marroquíes”.
En Tenerife, algunos ejemplos son la playa de El Camisón, junto con la de Abama y el caso más histórico: Las Teresitas.
Las Teresitas
La arena negra de origen volcánico había sido extraída en su mayoría por las empresas isleñas para satisfacer sus demandas de material de construcción. Los ingenieros encargados de diseñar la playa fueron Pompeyo Alonso y Miguel Pintor.
Su proyecto fue aprobado por De Loño Pérez, edil y representante máximo del Ayuntamiento de Santa Cruz en 1965. El consistorio comenzaría, en 1968, los trámites para traer arena saharaui al núcleo costero más concurrido de la capital, con el visto bueno de la Orden Ministerial.
Los vecinos de San Andrés asistieron, el 15 de junio de 1973, a la inauguración de uno de los atractivos turísticos que se tornaría en seña de identidad de la capital chicharrera: la playa de Las Teresitas.
Ahora, podrían disfrutar de 1.380 metros de costa dorada. Para ello, fueron necesarias 270.000 toneladas. El gasto fue de 50 millones de pesetas, es decir, 300.506,05 euros. En total se cubrieron 150.000 metros cúbicos de arena saharaui sobre la arena negra.
El buque Dura Bulk descarga arena en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 27 de noviembre de 2017 / Rita Robaina
En otros términos, 270.000 toneladas de sedimento. Se transportaron cinco millones de sacos a bordo del Gopegui, en manos de la empresa Fosfatos de Bucraa.
Los vertidos de arena se realizaron desde enero hasta junio de 1973.Esto no solo beneficiaba por el atractivo turístico que entrañaba el mero hecho de cobijar arena de otro continente.
Hay algo más poderoso: el dinero. El alcalde Miguel Zerolo, al igual que su predecesor De Loño Pérez, entendió que les era más rentable negociar con Marruecos e importar un producto más económico.
Tendrían que pasar 25 años para encontrar buenas nuevas sobre los intercambios recientes de esta índole. Mientras Miguel Zerolo ostentaba el bastón de mando del Ayuntamiento de Santa Cruz; en 1998 dirigió, de modo inicuo, la reposición de las pérdidas naturales de arena de dicha playa con un total de 2.800 toneladas a través de la exportación marroquí. Esto tuve un coste de 400 millones de pesetas.
Concedido esto, anunció la llegada de casi ciento cincuenta mil metros cúbicos. Se tuvieron que costear al menos 516.986 euros. El Ayuntamiento de Santa Cruz valoró, en 2001, “el frente de playa de Las Teresitas en 8.750 millones de pesetas, pese a que la Gerencia de Urbanismo ha recibido tres tasaciones por un valor inferior”, según una crónica publicada por el diario
El Día el 17 de junio de 2001. Luego, se tiene constancia, por el propio diario, de que, en 2002, habían barcos que continúaban descargando arena del Sáhara en la dársena de Los Llanos.
En 2008, vuelve a reponerse la arena de las Teresitas por las mismas causas que obligaron a repetir la importación en 2011.
En ese año, la Dirección General de Costas manifestó su intención de rellenar los retales del temporal acaecido en octubre y que dejó tras de sí la playa devastada. Quisieron mantener la buena imagen de la zona. La catalogaron como una obra “de carácter urgente”. El montante ascendió a los 570.107,34 euros.
Casi medio millón destinado a reponer por el deslizamiento que produjo dicha tormenta a lo largo del cauce del barranco de San Andrés.
También en octubre de 2014 se vuelven a producir lluvias de carácter torrencial en Santa Cruz, donde se registraron 110 litros por metro cúbico en tres horas. De nuevo, se opta por la restitución de dicha arena con arena saharaui, lo que requirió unos doce mil metros cúbicos más.
Tras varios intentos por contactar con el encargado del gabinete de prensa del Ayuntamiento, J.L. Díaz, tanto por teléfono como por email, se recibió una respuesta que remitía a una noticia, 40 años de arena rubia, publicada por Alba Blanco en La Opinión de Tenerife en 2013.
Al ser preguntados por la inversión del Ayuntamiento para mejorar la playa y rellenar la arena,sólo proporcionan datos de “limpieza y mantenimiento”, sin especificaciones en cuanto al rellene actual.
En un nuevo intento por conocer más información se afirma que en esa pieza remitida “tienen toda la información que necesitan”, y se responsabiliza a Costas de la gestión de Las Teresitas. Sin embargo, desde la Delegación de Costas en Canarias se remite a un número de teléfono y que habría que hablar “con Madrid”.
Dicho número daba error. Posteriormente, en otro contacto con Costas, se contestó que “la persona encargada de llevar esto está de vacaciones; no podemos darles información porque es él el único que maneja dichos datos”.
El Camisón – Los Tarajales
En 2016, la cadena hotelera Spring Hoteles, dueña del Arona Gran Hotel, invirtió más de 10 millones de euros en darle una nueva imagen a esta playa situada en el municipio de Arona, apoyado por el Cabildo de Tenerife y el consejero de Turismo Alberto Bernabé.
Para ellos supone una gran oportunidad ya que sería el primer litoral del Sur en contar con arena dorada de tierras saharauis, después de Las Teresitas.
Costas, en el mismo año, da luz verde al empleo de este árido para la regeneración de la playa del Camisón, próxima a Los Tarajales. Son 12.000 mil metros cúbicos, con una longitud de unos 350 metros. La arena extraída del continente vecino se mezcló con arena autóctona, de un color más grisáceo.
Fariña, portavoz de Sahara Acciones, indica que la playa El Camisón “se regeneró en los meses de junio y julio con la arena extraída del Sahara occidental” y con “una especie de caravana de camiones, incesante, de la dársena pesquera hasta el litoral”.
Sin embargo, al preguntar a una funcionaria de la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento acerca del atractivo que despierta entre los turistas este tipo de arena artificial, no dudan en negar esta información sobre sus proyectos futuros, y manifestar que su conocimiento sobre playas de la Isla rellenas con arena saharaui se reduce al caso de Las Teresitas.
Roberto Konrad, empresario privado y actual director general de la cadena hotelera Hovima, señaló a La Opinión; el 28 de julio de 2015, que dicha arena “garantiza la calidad de estos espacios al ser arena más competitiva, fina y rubia”.
Casi un año después, y en el mismo diario, aseguró que es “indudablemente mejor”, ya que la traba principal, para él, reside en que “prohíben sacar la arena que está en el fondo”.
Puerto Rico
Según el portal de información digital Grancanariaguia.es, esta playa es artificial, pero además se compone de arena saharaui. No sólo aparece en esta web sino que motores de búsquedas turísticos de la talla de Tripadvisor invitan a los turistas a visitar este enclave, describiéndola como “atractiva” por dicha arena importada.
Playa de Amadores
16 minutos separan la playa de Amadores de la conocida como “Anfi Beach”, un destacado caso en Gran Canaria de expolio de arena saharaui para su remodelación.
Desde el Ayuntamiento de Mogán, un funcionario ha reconocido el empleo de “montañas y montañas de arena” procedente de una zona situada a más de 900 kilómetros de distancia para la playa”. Sin embargo, no facilita datos de quién o quiénes fueron los encargados de traerla ni a qué precio, bajo un argumento repetido: “no manejamos estos datos; Costas es la responsable”.
Playas nuevas o regeneradas con arena del Sáhara Occidental Infografía: Texeneri González
Probablemente esta frase haya sido pronunciada por muchos jóvenes que han decidido cambiar el rol estrella de futbolista por uno más denostado y desconocido: el de colegiado. Detrás del insulto, un sueldo no muy alto, las críticas y un silbato, se esconde una figura preparada en muchos sentidos
El fútbol, ese deporte rey que mueve masas, millones de euros, y en el que todo el mundo alguna vez ha deseado ser Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.
Pero, ¿quién quiere ser Mateu Lahoz, Marta Huerta o Undiano Mallenco? Aunque no suene igual de glamuroso, los sueldos sean ínfimos, y sean la diana perfecta de críticas o insultos, su labor de juez y mediador, es esencial para el desarrollo del juego.
“No diría que el arbitraje es vocación en sí, sino algo que vas descubriendo poco a poco y que, llegado a un punto, es un aprendizaje profesional y personal”, cuenta Adrián Pérez, aspirante a árbitro de la Delegación de Santa Cruz de Tenerife.
El perfil principal de quien realiza esta labor es el de jóvenes que juegan al fútbol, lo abandonan y pierden la ilusión. Llegados a ese punto, se les presenta la oportunidad de vivir el deporte de una forma diferente y seguir vinculados a él desde otra perspectiva.
Es el caso de C.G., colegiado de fútbol base desde hace 6 años que prefiere mantener el anonimato. “En mis primeros partidos estaba perdido. Crees que sabes mucho de fútbol y al arbitrar descubres un mundo nuevo. El inicio es complicado, pero te acabas enganchando”, afirma.
Desde el lado del que se calza las botas y escucha el silbato, habla Miguel Romero Piedrahita, jugador de Primera Regional del Parroquia Santos Reyes de La Gomera. “Yo nunca sería árbitro porque busco ganar, marcar y que se reconozca mi labor entre el público y mis compañeros.
C.G.: “Crees que sabes mucho de fútbol y al arbitrar descubres un mundo nuevo”
Siendo árbitro serás criticado sí o sí y se pondrá en duda todas y cada una de tus decisiones y, además, te recordarán a todos y cada uno de tus familiares.
Es de valientes, pero yo no me sentiría cómodo”. Muchos coinciden en que la primera vez que se lo dijeron a sus padres estos se sorprendieron por dicha elección. Fuera del foco de la fama y constantemente sobre el de la polémica, la figura arbitral ha sido históricamente esencial para el desarrollo del juego.
“Sin árbitro no hay partido y es algo que la gente no se da cuenta. Somos jueces y a los jueces no se les debe poner en duda su trabajo nunca, ya que son una autoridad”, comenta Marcos Carballo, árbitro asistente de Tercera División.
No hay más que leer la prensa deportiva o escuchar una retransmisión para comprobar que los colegiados están en el ojo del huracán y que, en muchas ocasiones, son utilizados como excusa para tapar ciertos detalles.
“Creo que no se comprende nuestra labor y la dificultad que tiene estar fijándote en 22 jugadores, un balón y miles de variables a medir. A veces no estamos en una buena posición para ver la jugada, simplemente, y en otras los jugadores no ayudan e intentan engañar».
«Al final el que peor se va a casa es el árbitro al ver en la televisión que se ha equivocado”, asegura Carballo. El reglamento arbitral en España es mucho más light que en otros países como Inglaterra, en donde los famosos piscinazos o el llamado flopping son sancionados de oficio, desde esta temporada, con hasta dos encuentros si se ha sacado provecho en forma de penalti, expulsión rival y derivados.
“Desde mi punto de vista hace falta un cambio de actitud de los jugadores, los clubs y los entrenadores. Llevar la teoría a la práctica. El fútbol sería más bonito si dejásemos de fijarnos en los árbitros y nos centráramos en las tácticas de juego, etc. Al final, la falta más grande que comete un jugador es la falta de empatía”, concluye Romero.
Proyecto buen rollito
Para intentar detener esta violencia y el resto de actitudes en contra del juego limpio, el Cabildo de Tenerife y la Federación Tinerfeña de Fútbol impulsaron en el 2015 el Proyecto Buen Rollito.
Se trata de una iniciativa, que comenzó en 2008 en el club SD Casablanca, y que hoy se ha ampliado a toda la Isla con la intención de promover la erradicación acciones antideportivas por parte de todos los agentes implicados.
Es decir, familiares, jugadores, directivos, técnicos y árbitros. Todos los equipos base de la Isla están comprometidos en esta tercera edición y, si incumplen alguna de las acciones del plan, pueden ser sancionados sin la ayuda en el pago de los colegiados.
Cristo Pérez Zamora, consejera de Deportes del Cabildo tinerfeño, apunta que trabajan con psicólogos y que desde la escuela de entrenadores, se realizó una formación presencial con todos los clubes de la Isla para mejorar las competencias de los monitores de conjuntos de fútbol base”.
De igual manera, Miguel Tome, secretario técnico del proyecto, indica que desde los comités arbitrales realizan acciones de sensibilización y formación “intentando que sea activa”. Otra medida, que se pretende imponer a partir de esta campaña, es el llamado punto dorado.
Un área ubicada en un lateral del campo con el fin de que, cuando haya un comportamiento inadecuado, se reúnan colegiados y técnicos para decidir si se continúa o no con el choque. Otra de las iniciativas que se llevan a cabo es la de premiar a aquellos conjuntos, que tengan un comportamiento ejemplar durante la temporada, con un balón de oro (color dorado), el cual utilizarán en la siguiente temporada.
Miguel Romero: “La falta más grande que comete un jugador es la falta de empatía”
Pérez Zamora añade que la implicación de todos los afectados es de gran relevancia, porque es muy difícil controlar y regular este asunto sin que exista el compromiso de todos. Asimismo señala, sin precisar una cifra, que el número de expedientes por incidentes violentos “ha bajado exponencialmente, así que funcionar funciona”.
Sin embargo, en los campos se siguen viendo actitudes que no son coherentes con el Buen Rollito que pretenden impulsar desde estas dos organizaciones. Por ejemplo, las medidas sancionadoras no van más allá de un aviso o corrección.
Cuando un entrenador grita a sus jugadores, los humilla o les exige más de lo que pueden dar no son castigados con una sanción, a pesar de que se les intenta dar la formación y educación en este sentido en los cursos.
Atletas sin reconocimiento
Años atrás, la figura arbitral que se veía por la televisión, ni tenía una forma física adecuada, ni transmitía una imagen de profesionalidad. Sin embargo, hoy se observa un cambio de tendencia. Los colegiados en el siglo XXI son verdaderos atletas que, aunque muchos lo desconozcan, realizan una preparación física muy dura y una formación teórica con clases semanales.
“El desarrollo físico y teórico de un árbitro es imprescindible y se hace desde sus inicios. Yo le dedico a la semana un chorro de horas más allá de los partidos, así que imagina uno que pite en la élite.Lo triste es que es algo que se desconoce”, asegura Carballo. La labor formativa de los colegiados, igual para árbitros que para asistentes, comienza con un curso de iniciación, totalmente gratuito, el cual es la puerta de entrada para acceder a una categoría.
A partir de ahí, la exigencia va subiendo en ambos aspectos. “Yo imparto clases en la delegación de Santa Cruz de Tenerife a los principiantes, pero también las recibo, al igual que lo hacen los de Primera División, los de base etc.
En cuanto a las pruebas físicas, el nivel sube, sobre todo en Regional, ya que se piden tiempos exigentes. Si no tienes una buena forma física no llegas”, cuenta Carballo.
Dichos exámenes se suelen establecer al comienzo de la campaña, para poder incorporarse a la nueva temporada, y otros en marzo destinados al ascenso de categoría. “Las pruebas son duras y a veces no eres capaz de pasarlas, por lo que necesitan preparación.
En cuanto a las clases, suelen ser siempre de reglamento, aclarando las dudas que tengas de los fines de semana o cosas que te pasen en el campo normalmente. Los entrenamientos se hacen con los compañeros de la delegación o con un preparador físico por su cuenta, aunque hay grupos formados para esto”, indica C.G.
Canarias cuenta con más de 700 árbitros (265 pertenecen a la provincia occidental y cerca de 500 a la oriental). De los 700, tres colegiados pitan entre la primera división masculina y femenina: Daniel Trujillo, de la delegación de Tacoronte,
Fuentes: Comité interinsular tinerfeño de árbitros de fútbol y entrevista a Marcos Carballo Infografías: Carla Suárez
Marta Huerta de Azas, de la delegación de Santa Cruz, y perteneciente a la delegación de Lanzarote Alejandro Hernández. Todos ellos forman parte d una nueva generación que para el asistente de Tercera División, es el resultado de una tendencia positiva.
“Yo cada vez veo más alumnos. Este año hay cerca de 40 nuevos y, en el caso de las mujeres, el número también ha aumentado. Tener 5 chicas en 3 años antes era una quimera. Cuando yo empecé, solo había una compañera en Tercera División y cuando lo dejó pasaron muchos años hasta que volví a ver a otra”.
A pesar del tímido crecimiento, Canarias está a la cola como Comunidad Autónoma en este sentido. Según datos del Comité Técnico de Cataluña, hay actualmente cerca de unos 1000 árbitros en lista de espera para unas pruebas de iniciación complejas, en contraposición del nivel básico de las tinerfeñas.
En Madrid, por ejemplo, 200 nuevos árbitros se incorporarán este año frente a los 20 o 30 en Tenerife. “No diría que ha crecido ni que ha descendido el número de árbitros en la Isla.
Tenemos lo justo para cumplir y cubrir la competición. Con mucho sacrificio y dificultad, ya que un mismo árbitro puede arbitrar unos 5 partidos cada fin de semana”, afirma Vázquez.
“No te haces árbitro para ganar dinero”
En la grada los comentarios de fondo son muy diferentes: “un par de partidos cada fin de semana y se forran”. Lo que percibe un árbitro base en Tenerife, según las tarifas arbitrales del CITAF de la presente temporada, está entre los 18 y 32 euros por encuentro (con un plus en dietas y 0.20 euros por kilómetro de transporte con un máximo de 6.80 euros).
Aparte, el Colegio se lleva entre 5 y 9 euros. Algo que se aumenta en la provincia de Las Palmas llegando a cobrar entre los 20 (Benjamines) y 28 (Alevines e Infantiles) hasta los 44 y 46 euros en Cadete y Juveniles (67 en Fuerteventura).
Todo ello sin establecer una distinción con el línea, ni indicar las dietas o cuánto se lleva el colegio.
C.G. piensa que en estas categorías lo que cobran se corresponde con el trabajo que realizan, aunque cree que en Regional se podría mejorar debido a la labor que desempeñan. Las cifras en este nivel y en Juvenil Nacional aumentan considerablemente y oscilan entre los 47 y 65 euros.
Como asegura Carballo, “no te haces rico dedicándote a esto, a no ser que llegues a Primera División. El común denominador de los mortales no puede vivir del arbitraje”.
Además de esto las diferencias entre lo que cobra un árbitro y sus asistentes es latente. Carballo piensa que eliminar esas desigualdades es “razonable” y no le parece “descabellado, porque al final la labor de uno es tan importante como la del otro, aunque es verdad que uno toma más decisiones en cantidad”.
En el CITAF, aseguran que es una cuestión de estatus y responsabilidad y que son ellos mismos quienes deciden qué camino escoger, si el de ser la máxima figura dentro del encuentro o sus adjuntos, “la formación es la misma, pero son puestos diferentes”.
La financiación del CITAF proviene de dos vías: la subvención por parte de la Federación Tinerfeña de Fútbol y de los recibos unificados que pagan lo clubes en cada partido.
“Está claro que nos gustaría pagarles más pero en ocasiones nos las vemos y deseamos para sufragar todos los gastos: mantener las delegaciones, pagar al personal y los formadores, los desplazamientos, etc.
Del recibo que paga cada equipo, muchas veces, sobra una parte que es la que se queda el Colegio, pero la mayoría de ellos son deficitarios. Por ello, compensamos los unos con los otros y, por ejemplo, nos llevamos mayor cantidad en categorías nacionales, ya que los equipos tienen mayor poderío económico”, resume Vázquez.
También se denotan amplias diferencias en lo que se percibe por dirigir un choque de fútbol masculino y uno de fútbol femenino. Según su tabla de salarios, en la modalidad femenina se cobra la mitad que en la masculina, moviéndose entre los 26 y los 38 euros por encuentro en Regional y Nacional.
El director técnico del CITAF comenta que “no tiene nada que ver con el rol de género, ya que es más bien una cuestión de qué categoría o modalidad genera más dinero y, en función a eso, se paga”.
“Aquí ninguno se lucra del arbitraje, ni el CITAF, ya que algunos de sus trabajadores hacemos una labor meramente altruista, ni los árbitros, ni los formadores. El estamento pasa por dificultades en esta Isla, pero con el esfuerzo de todos estamos sobreviviendo y sacando una buena cantera que está llegando a pitar en la élite”, concluye Vázquez.
El jueves 30 de noviembre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife acogió un juicio por quebrantamiento de medida de protección. Javier (nombre ficticio) fue acusado de cometer un delito contra la Administración de Justicia al vulnerar la orden de alejamiento emitida por la jurisdicción el día 13 de septiembre de 2017 a causa de un acto violento contra su ex pareja: Elisa (nombre ficticio), que acudió como testigo.
El 21 de octubre Javier llegó al trabajo de Elisa en torno a las 15.00 horas: la sala de recreativos de un centro comercial. “Ese día vino muypuesto”, declaró. Tal y como reveló en su testimonio, pronunciado entre lágrimas, el acusado la agredió verbalmente y reveló fotografías íntimas a los clientes del establecimiento.
Por el contrario, el segundo testigo, trabajador de la misma empresa, afirmó con serenidad que no detectó una conducta violenta por parte de Javier. Además, la Fiscalía le preguntó cuál era la distancia entre el agresor y Elisa, a lo que el declarante respondió que solo les separaba la barra.
Ante la disyuntiva que se presentó sobre la conducta del acusado en el momento del quebrantamiento, tres agentes de la Policía actuaron como testigos coincidiendo en el estado de alteración de Javier.
“Se comprobó que tenía una orden de alejamiento y el acusado lo reconoció”, “llevaba una navaja en la riñonera”, “él manifestaba que había consumido cocaína” y “decía que estaba allí porque ella lo había llamado”, fueron algunas de las declaraciones prestadas por las fuerzas de seguridad en un tono seguro.
“Ella no ha sido mi pareja”. Así comenzó el acusado una declaración dubitativa que se centró en culpabilizar a Elisa y no en responder a lo que se le preguntaba. Interrumpido en numerosas ocasiones por llamadas de atención del juez, Javier reiteró que entró y salió de los recreativos y que no sabía que ella trabajaba allí. También reconoció que estaba drogado, “aunque fue ella quien hizo que me enganchara”.
Asimismo, alegó que los días anteriores había mantenido una comunicación consentida por parte de ella y que ésta le enviaba fotografías íntimas. “Tiene una trayectoria de hombres…”, concluyó, ante la sorpresa de los presentes.
Al finalizar los testimonios, la defensa del acusado solicitó un atenuante de la condena, argumentando los efectos que la cocaína había dejado en su cliente.
Por contraposición, la Fiscalía alegó que la declaración de Javier había sido “desafiante, con respuestas evasivas y estúpidas” y que la alteración provocada por las sustancias estupefacientes no era suficiente para reducir la pena.
Además, matizó la evidencia de su relación sentimental, tanto por pruebas de whatsapp como por la conformidad ejecutada por el acusado en el anterior juicio por violencia de género.
Por último, la defensa quiso aclarar el “ánimo espurio” de ella de querer que Javier fuese condenado, aseverando que uno de los requisitos para que exista una condena es la ausencia de voluntad para que ésta se produzca por parte del demandante.
También añadió que una de las causas por las que el agresor quebrantó la orden es que “las máquinas de los recreativos tienen un pitido que atrae a la gente”. Así, se dio la última oportunidad al acusado para que se pronunciase.
Javier pidió perdón e intentó sacar un recorte de periódico que había guardado durante todo el juicio, sosteniendo que Elisa había estado en la cárcel anteriormente. Así, el caso quedó visto para sentencia.
En 2017, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España y 24 menores quedaron huérfanos. De los 49 casos, 11 habían comenzado un procedimiento judicial; 10 notificados a las autoridades por ellas mismas y uno por parte de otros.
Además, según apuntan los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 6 de estas mujeres tenían medidas de protección en vigor. A esta situación se le suman las 125.769 denuncias interpuestas por el daño machista hasta el tercer trimestre del 2016.
Myriam Z. Albéniz, asesora jurídica, expone la escasez de fondos dedicados a esta materia, “a la que se añade una manifiesta deficiencia de medios humanos y materiales que, además, se agravan en función del territorio”.
Inés Herreros, fiscal de Las Palmas de Gran Canaria, añade que “las violencias machistas están tan generalizadas y son tantas que los presupuestos son ínfimos porque, efectivamente, no se considera que deban ser una cuestión de primer orden”.
En este sentido, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 planeó un presupuesto de 1.558.611.634 euros, de los cuales 357.695.177 euros serían aportados por las Comunidades Autónomas.
Dentro de este total, 760.421.564 euros fueron destinadosa “la respuesta de la Administración de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Uno de los apartados del plan recoge la elaboración de un informe de evaluación final en el que se consideren, entre otros aspectos, “los créditos presupuestarios efectivamente ejecutados”. Casi dos años después, este análisis al término de la iniciativa no ha sido presentado.
No obstante, el debate no se centra únicamente en esta cuestión. Los numerosos casos de agresiones sexuales a mujeres se convierten en una de las mayores representaciones machistas que aqueja el país. Frente a esto, la opinión pública discute por qué estos crímenes no son considerados por la Ley, que se limita a las vulneraciones cometidas por la pareja o expareja.
Carla Vallejo, magistrada titular en un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, declara la existencia de muchas otras transgresiones machistas.
Ejemplo de ello, añade, son elmobbing o la mutilación genital femenina: “son delitos en los que late un profundo fondo y sustrato machista. Y como tal, debería ser objeto del mismo tratamiento especializado y de la misma protección a sus víctimas“.
Fuentes: Consejo General del Poder Judicial, La violencia sobre la mujer en la estadística judicial, Anual 2016; Código Penal; Observatorio Contra la Violencia Domestica y de Género. Información: Natalia G. Vargas y Janire Alfaya Infografìa: Janire Alfaya
Por su parte, José Luis Sánchez Jáuregui, fiscal delegado de violencia de género de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, diferencia entre los delitos “contra la mujer” y los recogidos específicamente en la norma de 2004.
Asimismo, añade que “las agresiones sexuales pueden ser contra el hombre, pero, generalmente, son contra las mujeres. Salvo que la cometa el cónyuge o la persona que ha sido el cónyuge, (…) es una violencia sobre la mujer”.
Citas invisibles
11 de las 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2017 constaban de denuncias interpuestas. Sin embargo, los datos del Ministerio de Sanidad muestran que 3 de los procesos judiciales abiertos no tuvieron continuación en el tiempo por decisión de la víctima.
Resulta necesario, en este punto, reflexionar en torno al porqué ellas deciden no prolongar el procedimiento o, incluso, determinan no inculpar a sus agresores.
Inés Herreros manifiesta la existencia de “un número altísimo de violencia que está oscura, que no se denuncia y que no se refleja en los números”. En adición, sostiene que el foco debe centrarse en esta tesitura dado que muchas víctimas eluden notificar su situación porque “no se sienten acompañadas o porque no tienen un sistema alrededor que les faculte”.
Inés Herreros: “No se considera que las violencias machistas deban ser una cuestión de primer orden”
Por su parte, Demelza Fortes, psicóloga de la Red de Intervención Especializada en violencia de género del IASS, apunta al miedo y al desconocimiento como las primeras causas por las cuales las damnificadas pueden no comunicar su realidad.
A esto se le suman otras barreras: la carencia de apoyo familiar, los recursos económicos que posean y la propagación de mitos como “él va a cambiar” o “eso es que no le das suficiente cariño”.
La psicóloga asegura que “para ellas es difícil dar el paso porque piensan que va a ser temporal (…) Algunas mujeres se dan cuenta en un año de que no va a ser momentáneo y, en el caso de otras, es toda una vida”. Respecto a las construcciones de familia unida y amor idealizado, estas se encuentran latentes cuando la pareja consta de descendientes.
En este sentido, Laura Aguilera asiente que muchas agredidas “esperan a que sus hijos o hijas tengan determinada edad para denunciar”. Aunque puntualiza que, llegado el momento, en ocasiones dichas denuncias no se materializan.
Saray Fortes: “cuando las señoras ponen la denuncia luego tienen que ratificarla. Muchas veces no lo hacen»
También trabaja en la Red de Intervención Especializada en violencia de género del IASS la abogada Saray Fortes, quien plantea que “en numerosas ocasiones, cuando las señoras ponen la denuncia luego tienen que ratifi carla.
Muchas veces no lo hacen”. Asimismo, matiza las dos posibilidades aplicables ante esta circunstancia: “si no hay pruebas, se sobresee el procedimiento. Pero en caso de que sí haya, éste debe continuar”.
Así, Pilar Matud, experta en Psicología del Género y catedrática de la Universidad de La Laguna, alude a la responsabilidad de capacitar a la víctima para ir al juicio, así como resalta que el sistema judicial “no siempre es el amigo de la mujer”.
En otro plano se sitúa la atención psicológica que reciben los maltratadores para lograr su reinserción en la comunidad. Actualmente, en Canarias estas terapias solo se desarrollan en prisión, hecho que Demelza Fortes valora como “no operativo”.
Esto se debe a las reducciones del tiempo de condena de las que el hombre puede beneficiarse al someterse a estos servicios. “El primer paso para que alguien pueda cambiar es que la persona reconozca que tiene un problema, si no, no se le puede ayudar”, concluye.
Los asuntos pendientes de la justicia
La aplicación de la ley contra la violencia de género exige, más allá del conocimiento de la norma, una concienciación amplia sobre la raíz de este problema estructural y omnipresente. Al estar recogido en la legislación española como un tipo de violencia específica, requiere por parte de los profesionales una formación especializada.
Para expertas como Saray Fortes “es más importante la empatía con la mujer. Hay víctimas que se sienten cuestionadas por sus propios abogados”. Jáuregui explica que los jueces reciben unos cursos específicos sobre el asunto antes de ejercer en un juzgado especializado.
Por su parte, los abogados de las víctimas tienen que pasar unas jornadas obligatorias. En el caso de los fiscales que están en el servicio, tienen que hacer cursos.
“Se intenta que todo profesional que se dedica en exclusiva a esto esté suficientemente preparado, pero en Tenerife, salvo en Arona y Santa Cruz, los juzgados no son exclusivos de violencia de género, por lo que no se puede exigir a los profesionales una especialización, porque este asunto es solo una parte de todo lo que tratan”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
Aguilera sitúa la instrucción del personal jurídico como uno de los puntos débiles del funcionamiento efectivo del sistema, así como la saturación del mismo.
“Para ser abogado de oficio en el turno de violencia te piden un curso de 30 horas que puede ser online”, afirma. La apelación al conocido como Síndrome de Alienación Parental que se emplea en ocasiones por parte de la defensa de los acusados es un ejemplo de dichas deficiencias.
Este recurso consiste en afirmar, ante el rechazo por parte de los menores del núcleo familiar hacia su padre que ha ejercido violencia de género sobre su pareja, que están influenciados negativamente por la madre.
El CGPJ recoge que este supuesto trastorno no está comprobado científicamente. “Los estereotipos de género se padecen igual que en otros ámbitos, pero en el nuestro es más peligroso porque nos encargamos de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, opina Vallejo.
“Las mujeres suponen un 12,8 % de la plantilla del Tribunal Supremo”
La composición del poder judicial refleja un techo de cristal que dificulta el avance de las mujeres profesionalmente. A pesar de que el porcentaje de mujeres que ocupan los cargos de juezas y magistradas en activo es mayor que el número de hombres, un 52,7% frente a un 47,3% según el Informe del 1 de enero de 2017 publicado por el CGPJ sobre la estructura de la carrera judicial, su presencia en los órganos de peso a nivel nacionales menor.
Es el caso del Tribunal Supremo, donde las mujeres de la plantilla suponen un 12,8%, o la Audiencia Nacional, con un 37,1%. Vallejo afirma que “la carrera judicial y fiscal está muy feminizada. Sin embargo, los puestos más altos en los que ascender depende de que alguien te elija, son ocupados mayoritariamente por hombres”.
Las barreras del idioma
El machismo instaurado en la sociedad hace especialmente notorio en las mujeres inmigrantes. Así lo recoge la Macroencuesta de violencia contra la mujer elaborada por el Ministerio de Sanidad en 2015, que muestra que el 9,5% de las españolas ha sufrido agresiones físicas por parte de cualquier pareja a lo largo de su vida.
La misma cifra, respecto a las extranjeras asentadas en el país, asciende hasta el 20,5%.
En relación a Canarias, Jáuregui reconoce que existen dos factores estructurales concretos que provocan un elevado porcentaje de violencia de género.
En primer lugar, las agresiones ocasionales producidas entre la población turística: “un tercio del Juzgado de Violencia de Arona trata casos de personas que están de vacaciones”. La segunda incidencia es la presencia de residentes originarios de sociedades donde la discriminación a la mujer está menos perseguida.
Según Carmen Toledano, profesora de la Universidad de La Laguna e investigadora del proyecto Speak Out for Support (SOS-VICS), la normalización de estas actitudes implica que las mujeres extranjeras no hagan visible su situación de maltrato de manera voluntaria.
En 2017, de las 49 mujeres asesinadas en España, 17 eran nacionalidad extranjera, según el Ministerio de Sanidad. Por otra parte, el CGPJ, cifra en un 30,9% el número de víctimas inmigrantes que denunciaron su situación.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
Sin embargo, estos procedimientos judiciales no están exentos de dificultades. El idioma se erige como primer obstáculo. “La incapacidad para explicar su versión de los hechos con precisión aumenta la desigualdad de poder con el agresor. Es un factor que limita la credibilidad de su relato frente al de la pareja y perpetúa la desprotección frente al agresor”, explica Toledano.
Su situación de vulnerabilidad con motivo de las deficiencias que presenta el servicio de traductores que presta la Administración. “Se constata una provisión de asistencia lingüística deficiente e irregular incluso en los encuentros que forman parte de fases del procedimiento judicial en las que la legislación exige la presencia de intérpretes profesionales acreditados”, afirma Toledano.
Aguilera y Toledano critican la mala interpretación a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género
Asimismo, Aguilera coincide en la existencia de esta desprofesionalización: “cuando no hay formación, no es que se inventen las interpretaciones de lo que cuenta la víctima, pero se resta importancia a muchos detalles”.
Las consecuencias de estas dificultades comunicativas existentes resultan desfavorables. Según expresa Toledano, la consumación de las denuncias interpuestas por mujeres extranjeras deriva, en un gran número de casos, en la retirada de las mismas.
Desamparo, incomprensión y miedo son algunas de las sensaciones que sufren las víctimas, las cuales “no siempre reciben un trato digno por parte del sistema penal”.
Esa mañana, la policía le había pedido que fuese a comisaría porque tenía que hablar con ella. En su lugar, decidió ir a trabajar por miedo a perder su puesto. Ese mismo día, Carlota (nombre ficticio) salió del trabajo antes de lo normal, y cuando se alejaba vio a su jefe asomado a una ventana mirándola.
A partir de ese momento el móvil no paró de sonar. En todas las llamadas se repetía el mismo mensaje: un golpe seco y rítmico. “Un año antes empieza mi calvario”. Carlota recibía llamadas de número oculto a diario, a cualquier hora, en su teléfono móvil o en el de su casa.
Al otro lado se escuchaban jadeos, música romántica, toques sobre una superficie e, incluso, las grabaciones de lo que ella o sus familiares y amigos contestaban cuando descolgaban –cuando recibía este tipo de llamadas y estaba acompañada, Carlota solía pasar el teléfono a los que estaban con ella-.
Muchas veces era su madre quien, de madrugada, contestaba a las llamadas. En un mes se llegaron a contabilizar 300. Carlota llevaba 14 años trabajando en una clínica dental, los últimos cinco sin compañeros, sola con su jefe y con su esposa, quien ocupaba la recepción.
Asegura que “laboralmente era un desastre” ya que tenía un contrato de cinco horas, pero en realidad trabajaba todo el día. No tenía horario de entrada ni de salida, en cualquier momento podían avisarle de que en media hora debía presentarse en la consulta, y así lo hacían.
Tal y como relata, el trato que mantenía con la esposa estaba muy lejos del ideal. “No me saludaba, y cuando se me caía un bote, o algo, venía corriendo hacia a mí y me gritaba muy enfadada: ‘¿qué has hecho?’, mientras apretaba los puños”.
Carlota cuenta que en esas ocasiones su jefe tomaba la misma postura: “delante de ella yo era una mierda, pero cuando su mujer se iba era más cariñoso , más atento”. Las faltas de respeto y las humillaciones iban más allá, con mensajes escritos en las fichas de los pacientes: “Carlota es una puta”. Cuando pedía explicaciones, su jefe recurría a la misma respuesta: “tienes la puerta abierta, pero yo no te voy a despedir”.
Carlota asevera que él no quería pagarle la liquidación, y ella no podía quedarse sin trabajo. Además, cuando preguntaba por sus vacaciones o por sus derechos laborales, siempre recibía excusas: “me decía que tenía cáncer o que un familiar suyo estaba enfermo y se iba a morir”.
Mientras sufría este acoso en la clínica, fuera, Carlota seguía recibiendo las mismas llamadas. Tras un año acosada al teléfono, decidió acudir a la policía. La respuesta que recibió por parte de uno de los agentes fue una negativa a recoger la denuncia: “lo que tienes que hacer es cambiar los números de teléfono o desconectarlos por la noche».
Por ello, presentó la denuncia en el juzgado de guardia, donde le garantizaron que tenía “motivos suficientes” para iniciar un curso judicial. Las primeras preguntas de los agentes, una vez aceptada la denuncia, apuntaron hacia el entorno conocido de Carlota, incidiendo especialmente en sus exparejas.
Pero ella estaba convencida de que ese no era su caso. Momentos después le fue requerido un listado de teléfonos de personas de las que podía sospechar. Entre ellas se encontraba su jefe. Pasaron varias semanas hasta que un día, ese día, la policía la llamó para que fuese a la delegación.
La mañana siguiente se presentó en comisaría. Carlota relata ese momento como uno de los peores de su vida: “se me cayó el mundo a los pies”. Eso fue lo que sintió cuando un agente abrió un dosier: “todos los números que ves marcados son los que te han estado llamando”. Pertenecían a su jefe, a su esposa, a la consulta, al teléfono de la casa familiar y al móvil del hijo.
“Tuve un ataque de ansiedad, te lo juro que solo pensaba en mi trabajo y en mi madre”. Según Carlota, lo peor llegó cuando la policía le recomendó que fuese a la clínica ya que temían que perdiese sus derechos laborales: “vas a tener que ir y hacer como si nada”.
Cuatro días fueron los que Carlota tuvo que ir a trabajar sabiendo que su jefe era la persona que llevaba un año acosándola. Cuatro días que para ella significaron un auténtico infierno. Explica que “no podía más” y que por eso fue al médico, quien le dio la baja. La semana siguiente la policía fue a detener a su jefe, que se negó a declarar.
Automáticamente le fue interpuesta una orden de alejamiento. Es entonces cuando Carlota comenzó a prepararse para afrontar el transcurso judicial que le esperaba, pero, lejos de lo que podía esperar, lo que ella denomina “mi calvario”, aún no ha terminado.
La primera opción que tomó fue ir a un sindicato para que le asesoraran y representaran en las comparecencias: “fue lo peor que hice. A dos semanas del pleito laboral mi abogada me dijo que mi jefe tenía ‘un gran equipo de letrados’ y que veía muy difícil ganar”.
Fue entonces cuando, aconsejada por una amiga, acudió a un abogado particular. Incluso narra que llegó a enterarse de que el juzgado había archivado su causa antes de la celebración del juicio (sin tener en cuenta su postura) porque la Fiscalía estaba realizando negociaciones con la parte acusada.
Fue su actual abogado quien logró reabrir el proceso y con quien ganó el trámite laboral. Pero Carlota todavía se encuentra pendiente del procedimiento penal. En este sentido, ha renunciado a una parte compensatoria que fue propuesta por la defensa del acusado y que evitaría la ejecución del juicio.
En otras palabras, dinero a cambio de retirar la denuncia. Afirma que quiere dejar claro que “a mí me jodió la vida. Este hombre sigue trabajando con chicas, y lo que me ha hecho a mí se lo puede hacer a ellas”. Sin embargo,esta decisión ha supuesto que muchas personas la cuestionen y piensen que si pretende avanzar en el procedimiento es “por dinero”.
No se trata de la única barrera con la que se ha encontrado para poder cerrar este capítulo. Carlota destaca las innumerables veces que la gente le ha preguntado si “ha tenido algo con él” o lamentado su futuro profesional, el de él: “se le va a truncar la carrera…”.
Además, confiesa el malestar que ha sentido al encontrarse con algunos de sus conocidos y escuchar sus comentarios: “me han dicho que ya no estás en la consulta por problemas mentales” o “me contaron que te habían echado por robar”. Un sinfín de cuestionamientos le llevan a pensar que, en estos casos, las víctimas son tomadas como las culpables.
“Fui yo quien perdí mi trabajo, y es a mí a la que la policía ha sugerido que no pase cerca de la clínica para no encontrarme con él”. Incluso, aclara que, dado que su casa y la consulta se encuentran a poca distancia, tiene que bordear su propia calle para no verle.
Carlota ha sido, pese a los estigmas e impugnaciones sociales, una víctima del acoso. Garantiza que tiene que tomar pastillas para dormir, para comer, para poder digerir todo lo que ha pasado: “noto que los días se me vienen encima, me noto frustrada”. No obstante, agradece la presencia y ayuda de su médico de cabecera en todo este transcurso: “ella ha sido mi mejor psicóloga”.
También reconoce que llegó a “sentir vergüenza” y que lidia con la soledad a diario. Ahora, tras más de un año sin trabajar, afirma que quiere volver a ocupar un puesto, aunque teme que no sea dentro de su ámbito profesional porque “él conoce a mucha gente”. Carlota es, sobre todo, una mujer que quiere recuperar su vida.
La Universidad se percibe como un entorno liderado por un alto nivel educativo y sensibilizado sobre las lacras de la sociedad. Sin embargo, tal y como asegura María Pilar Matud, catedrática de Psicología en la Universidad de La Laguna (ULL), “la violencia machista es un sistema social que está en todas partes, y en la juventud es muy frecuente”.
Según los datos del estudio Breaking the Silence at Spanish Universities (2016), un 62% del alumnado ha sufrido o conoce a alguien que ha sido víctima de violencia de género en alguna de sus formas.
De este porcentaje, un 91% de los casos no se denuncian ante el centro formativo en cuestión. El desconocimiento y las dificultades para identificar estas conductas son algunos de los motivos que explican la alta cifra de situaciones que no pasan a disposición judicial.
Laura Aguilera, profesora de Trabajo Social en la ULL, especialista en cuestiones de género y perito judicial, afirma que la circulación de mitos que asocian este problema a las parejas adultas hace que las mujeres jóvenes bajen la guardia.
“Se dicen ‘a mí no me va a pasar, eso son cosas de mayores’, entonces, hasta que no se hace evidente mediante la violencia física, se minimiza la psicológica”, añade.
Asimismo, Noelia Igareda, docente de la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en género, establece que “existe una cierta confusión sobre la definición de este fenómeno, en parte, producida por la propia ley española, que, a pesar de su título, se ocupa únicamente de violencia en el ámbito de la pareja”.
Estados Unidos se posiciona como uno de los países donde las violaciones en universidades están a la orden del día. En 2016, la Asociación Americana de Universidades reveló que 1 de cada 5 jóvenes había sido víctima de agresiones sexuales. Sin embargo, en la mitad de los casos, las estudiantes no denunciaron a causa de la vergüenza y la dificultad emocional.
Adriana Del Pino, tinerfeña alumna de la Universidad Duquesne, Pittsburgh, cuenta cómo a principio de curso les dan dos charlas obligatorias de prevención y hacen un curso online para comprobar que sabrían cómo actuar ante estos casos. Además, cada vez que hay una violación en alguno de los campus “envían un correo al alumnado con toda la información sobre el suceso”.
En España, la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de 12 de abril de Universidades estipula que las Administraciones públicas competentes y estas instituciones deberán coordinarse y planificar programas específicos para prestar ayuda y atención especializada a las víctimas de terrorismo y de violencia de género y a las personas con discapacidad.
En el Archipiélago, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna cuentan con unidades de igualdad de género. Aránzazu Calzadilla, directora de este departamento en la institución tinerfeña, afirma que, para sus actuaciones, la dotación económica que reciben por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asciende a un máximo de 7.000 euros.
Entre algunas de sus actuaciones se encuentra la formación del profesorado y del alumnado. Sin embargo, Calzadilla asegura que “estas iniciativas suelen encontrarse con la barrera de la falta de interés por parte de la comunidad universitaria”.
La inclusión de la perspectiva igualitaria en los contenidos de las materias también se constituye como una de las tareas pendientes. Para Aguilera, “la Universidad no está preparada para eso. Hay que ir más allá, no hacer asignaturas específicas, sino incluir este asunto en aquellas de carácter general”.
La prostitución y la trata se han convertido en mecanismos para atentar contra el sector femenino. En ese sentido, Esther Torrado, docente de la Universidad de La Laguna y miembro del Instituto del Universitario de Estudios de las Mujeres, explica que si hay prostitución es porque existe una demanda por parte del sector masculino.
Sin embargo, apunta que “la sociedad no es consciente de que la prostitución se ha convertido en una forma de violencia y que es un problema de género, puesto que el mayor número de personas que la ejerce son mujeres y el que la demanda es el hombre”.
“En el contexto social actual, ser mujer y, además, vulnerable o con pocos recursos, son elementos comunes entre las que ejercen. También entran en juego otros factores como el hecho de ser mujer extranjera”. Torrado asegura que el motivo es que la mayoría de esas extranjeras han sido engañadas y reclutadas por redes de trata, las cuales les prometen un trabajo estable y una esperanza de vida mayor.
No obstante, cuando llegan a Canarias la realidad es distinta, pues se ven obligadas a cumplir aquello a lo que las obligan los proxenetas. “No existe una relación de placer entre dos personas; una de ellas no disfruta del encuentro y no están en igualdad de condiciones […] Se trata de un mercado que tiene esa diversidad de mujeres que quiere el demandante, de todas las edades, de todas las procedencias y de todos los precios; la mercancía está garantizada porque no existe una normativa que los persiga”.
La acción de los cuerpos de seguridad
Cuando una víctima de una red trata es identificada, ¿cómo se debe actuar? Aquí entran en juego dos elementos.
En primer lugar, la Policía Nacional. Luego, las ONGs, que proporcionan la ayuda correspondiente. Kike, nombre ficticio de un inspector de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documental (UCRIF), explica que cuando se detecta una red trata de mujeres, se activa el protocolo de la Ley Orgánica 4/2000 del Artículo 59, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración Social.
Según dicha ley, a la víctima se le ofrece un período de adaptación, siempre y cuando esté en España de forma regular. A su vez, se le facilita una residencia en el territorio español. “Si no se da este caso, es derivada a una organización no gubernamental”, añade.
Las mujeres también reciben asistencia psicológica. En cuanto al tratante, “si los indicios respecto a que forma parte de la organización son racionales, será detenido y puesto a disposición judicial”.
Por otro lado, es importante establecer un matiz entre la trata y la prostitución, ya que se trata de prácticas diferentes. “La trata saca a la persona de su ámbito habitual y la explota. Para que en esta haya condena debe existir una coacción, repitiéndose una serie de pasos: la captación de la mujer o la niña, el transporte, referido a la forma en la que se trae a la víctima, el alojamiento y la prostitución”.
En ese sentido, el inspector de la Policía Nacional afirma que actualmente en Canarias se dan muchos más casos de explotación que de trata.
También las ONGs son un agente fundamental para ayudar a las personas que intentan salir de la prostitución o que han sido víctimas de la trata. Entre ellas se encuentra el proyecto La Casita, una iniciativa desarrollada por las Hermanas Oblatas, cuya actividad está recogida en cuatro proyectos: ‘Alongándose a la calle’, SIVO, talleres específicos de voluntariado y campañas de sensibilización.
Durante 2016 atendieron en Tenerife a un total de 470 mujeres. En lo referido al rango de edad, las mujeres que más acuden para pedir orientación se sitúan entre los 35 y 45 años. Le siguen de 18 a 24, pero también hay mujeres mayores de 65 cuya pensión es insuficiente y por lo tanto tienen que recurrir a la prostitución.
Tersi Castro, trabajadora social del centro, explica que también hay chicas universitarias en el sector. “Algunas me cuentan que tienen compañeros en clase que son puteros y que cada vez más ven la prostitución como una forma de ocio”.
Para ella, esto sucede porque los chicos de esa edad quieren dar una imagen de triunfador y, si no consiguen ligar, recurre a esas mujeres. En muchas ocasiones, quienes ejercen son víctimas de la violencia de género de su cónyuge. “A veces es la misma pareja la que la conduce a prostituirse. Es una forma de violencia porque él es el que la obliga y, además, a quien tiene que darle el dinero”, apunta Castro.
Tersi Castro: «A veces es la misma pareja la que conduce a las mujeres a prostituirse»
En otros casos, lo hacen por sus hijos. “Hay una mujer mayor de 50 años que nos cuenta que lo hace para poder mantener a su hijo, para pagar su carrera”.
También existen mujeres a las que esta práctica se les transmite generacionalmente: “hay una chica que lo hace porque su madre y su abuela lo hacían”. Es necesario tratar este tipo de cuestiones desde una perspectiva didáctica y en términos de igualdad; intentar cambiar la situación consiguiendo que no exista dinero de por medio que pueda mover este tipo de actividades.
En la misma línea se encuentran las asociaciones A21 y Esclavitud XXI. El número de ambas no es una coincidencia. Luchan contra la trata de personas, que está considerada la forma de esclavitud del siglo actual.
Un crimen que hace que hombres, menores y, sobre todo, mujeres, se vean motivados por sus sueños y por la expectativa de mejorar sus condiciones de vida para acabar siendo sometidos a situaciones de explotación de todo tipo, similares a las de la antigua esclavitud.
Un estudio realizado por varios investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas, apoyado y financiado por la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, recoge que el 98% de las víctimas de trata para la explotación son mujeres y niñas.
Loida Muñoz, directora de A21 en España, explica que debería implantarse una Ley Integral contra la trata de personas y “hablar de una perspectiva de Derecho Humanos, no solo de una perspectiva de género”.
Loida Muñoz: «Ninguna niña nace queriendo ser puta»
En cuanto a la cifra, explica que los datos a los que tenemos acceso son oficiales y publicados por instituciones, pero que “nunca irán a al alza, sino a la baja, porque es algo que les perjudica”.
Asimismo, considera que es potestad del Gobierno sensibilizar de la relación tan estrecha que mantiene la prostitución dentro de la trata. “No solo es importante legislar, sino sensibilizar a toda la sociedad. Ninguna niña nace queriendo ser puta”.
El psicólogo y director de Esclavitud XXI, Jonathan Serrano, afirma que es un problema que ya se ha denunciado: “se han presentado informes ante los partidos políticos, medios y mediante eventos, charlas, conferencias y otras iniciativas”.
Ante el debate actual sobre la legalización de la prostitución como alternativa para poner fin a la trata de mujeres y niñas, Serrano opina que “se ha hecho en países como Holanda y Alemania y los resultados son el aumento de la trata y prostitución, tanto legal como ilegal e infantil, y se ha acabado normalizando el derecho de los hombres de utilizar a mujeres para sus fantasías sexual con total impunidad”.
Esta situación ha desembocado en el surgimiento de una cultura de ocio alrededor de la explotación sexual. “La cuestión es decisiva en España. ¿Cuál es la sociedad que deseamos? ¿Queremos la prostitución como una opción laboral para nuestras hijas o nietas?”.
Para él, lo ideal sería convertirnos en una sociedad sensible y humana, en la que los jóvenes consideren la prostitución como violencia, antes que un derecho de los hombres o una opción de ocio.
