Un albergue desbordado: unas nueve personas diarias en situación de sinhogarismo duermen en la calle ante la falta deplazas en el Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz
La falta de recursos alojativos en el resto de Canarias sobrecarga los servicios de atención en la capital tinerfeña, que recibe derivaciones informales de otros municipios e islas
Por: Ariday Dorta (coordinación), Alejandro Medina, Alessandro Salazar y Jokin Iraizoz
Es martes, aunque podría ser cualquier otro día de la semana. Son las 20.30. En la rotonda de la Plaza de Los Practicantes, una treintena de personas hacen cola sentadas, de pie o apoyadas contra los muros del Albergue o Centro Municipal de Acogida (CMA), el mayor servicio de atención al sinhogarismo de Canarias, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.
Una trabajadora social a las puertas exteriores del recinto apunta los nombres de quienes aguardan en una fila que se extiende vía abajo. Conforme son atendidos, una nueva hilera cobra vida en sentido inverso, esta vez en la transversal calle Valle Inclán. «Anoche dormí en la calle. A ver si hoy no», confiesa Manuel Villa, de 54 años y usuario de las instalaciones. Otra mujer más joven y que también espera turno explica que «el número de plazas es limitado.
Todos los días dejan a alguien sin entrar. Depende de cuánta gente pida cama esa tarde, pueden quedarse fuera cuatro, quince, veinte, uno…». Veinte minutos más tarde, la trabajadora social vuelve con una lista de admisión. Quien no ha escuchado ya su nombre pronunciado en voz alta, no duda en marchar hacia el cercano pabellón Pancho Camurria o atravesar el túnel y desaparecer.
Un señor de unos 70 años aún persiste allí. Encorvado, fija su vista en la trabajadora, quien espeta: «Lo siento, no hay plaza». El hombre se dirige en silencio a un contenedor de basura y arrastra unos metros con su muleta una manta. Hoy dormirá al raso.
No es una percepción aislada. El centro, de titularidad pública, cuenta con cien plazas de alojamiento, según los pliegos que detallan la dotación del edificio. La demanda de uso, sin embargo, supera todos los días la capacidad de acogida. Una información vía solicitud de Transparencia presentada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo confirma en cifras.
El Consistorio admite que, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, «222 personas distintas no pudieron acceder al CMA en algún momento concreto del periodo analizado, principalmente por falta de disponibilidad de plazas en determinados días». El texto afirma que la media diaria de denegaciones en ese periodo por dicha razón fue de aproximadamente nueve personas, «lo que evidencia la existencia de días en los que la demanda de pernoctación superó la capacidad disponible del recurso».
Este documento también precisa que «en aquellos casos en los que no resulta posible el acceso inmediato al CMA por falta de plazas o por inadecuación del recurso a la situación detectada, se realiza la correspondiente valoración técnica y, en su caso, se proporciona orientación, seguimiento, derivación a otros recursos o intervención desde los servicios municipales competentes».
No obstante, tanto fuentes profesionales cercanas al Albergue como algunos de sus usuarios y el seguimiento de este medio al servicio asegura que quienes no obtienen plaza acaban durmiendo a la intemperie.
El sinhogarismo aumenta, pero siguen faltando recursos alojativos
La crisis de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, junto a otros factores, ha provocado que el número de situaciones de sinhogarismo haya aumentado en los últimos años en Canarias. En su estudio Exclusión residencial extrema en Tenerife, Cáritas contabilizó 2853 casos solo en la isla capitalina en 2025.
Ello representa un aumento porcentual del 4.2% en los últimos cinco años. El secretario general de Cáritas en Tenerife, Ricardo Iglesias, puntualiza que el conteo no corresponde con la realidad: «Hay muchos más casos de los que podemos recoger en el informe, pero con los equipos y medios de los que disponemos no es posible alcanzar a todas las personas».
La capital tinerfeña alberga el mayor número de personas de la Isla que sufren esta situación: desde quienes se encuentran bajo amenaza de desahucio hasta quienes habitan una infravivienda o duermen al raso.
De 2853 casos a nivel insular, más de un tercio se hallan en Santa Cruz (998). La inexistencia de recursos alojativos como albergues o pisos en gran parte de los municipios tinerfeños empuja a muchas personas a desplazarse hasta la ciudad, a pesar de que la Ley de Servicios Sociales autonómica establece que la atención primaria al sinhogarismo es una competencia de los ayuntamientos.
Santa Cruz y San Cristóbal de La Laguna son, así, los únicos territorios de la isla con un servicio de atención integral destinado a personas sin hogar (SIAPSH). Arona, Puerto de la Cruz, Adeje y Granadilla de Abona, que siguen a la capital en número de casos, no cuentan con la misma cantidad de plazas e iniciativas.
Tampoco las hay en el resto de Tenerife. En algunas de las zonas del sur que también albergan un alto número de casos, como Adeje, directamente no existen recursos de esta índole.
«Santa Cruz está respondiendo a la demanda de toda la isla y prácticamente de toda Canarias», expone Charín González, responsable del área de Acción Social y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
La edil data que un 60% de personas sin hogar que se beneficiaban de los recursos de Santa Cruz procedían de otros municipios. Datos del propio Consistorio recogen que, desde enero hasta agosto de 2025, poco más de la mitad de quienes figuraban por entonces en el SIAPSH chicharrero eran originarias de otros municipios, islas y regiones.
«Los servicios sociales le apuntaban a la persona la dirección del Albergue en un papel y le pagaban un barco o un taxi. Después, esta llegaba caminando al centro»
Muchos de quienes llegan desde otras zonas lo hacen con una recomendación previa. José Manuel Díaz, exdirector del CMA e investigador en Trabajo Social en la Universidad de La Laguna, deja testimonio de este fenómeno en el período de 2016 hasta 2022, cuando dirigía el centro.
«Generalmente, se produce una derivación o una coordinación previa entre los profesionales y recursos», matiza, «pero en situaciones específicas se han dado casos de personas derivadas desde otros municipios e islas. Los servicios sociales le apuntaban la dirección del Albergue en un papel y le pagaban a la persona un barco o un taxi. Después, esta llegaba caminando».
Como relata el especialista, el modus operandi en el caso de las islas menores occidentales (El Hierro, La Palma y La Gomera) era la remisión hacia Santa Cruz, mientras que las orientales (Fuerteventura y Lanzarote) hacían lo propio a Gran Canaria. En cuanto a Tenerife, Díaz recuerda que el grueso de casos procedía de la zona norte y sur de la isla.
De igual manera, asegura que las derivaciones eran ocasionales y aisladas. En la actualidad, esta práctica «se ha repetido en algunas ocasiones, según algunos colegas me han informado», pero insiste en que se trata de «una cuestión aislada».
El exdirector hace constar, de igual forma, que el SIAPSH santacrucero refleja en una memoria interna el recibimiento en el Albergue de personas trasladadas desde otros municipios.
La actual jefa de Negociado del CMA, María Agustina González, prefirió no contestar en una llamada telefónica a REVISTA 360 sobre la existencia de un documento semejante de no recibir una confirmación escrita del director de este medio sobre la realización de este reportaje o permiso expreso desde Concejalía para la concesión de una entrevista.
Eliana Gómez, que formó parte del servicio como trabajadora social durante el mismo intervalo de tiempo que Díaz, ofrece una versión similar de las derivaciones. Difiere en cuanto a cuán habitual era el fenómeno: «Ocurría con frecuencia». Y añade que no solamente ocurría con otros municipios, sino incluso con gente de otros países: «Venían con un papelito donde ponía escrito que se dirigieran a tal sitio y preguntaran por la trabajadora tal. Al final es el boca a boca».
Sobre quién ordena la ejecución de estas prácticas, Gómez subraya que, durante su época como técnica, «el usuario hablaba tanto de profesionales como de cargos políticos con los que pudo haberse relacionado antes de llegar». Así, admite que no puede ofrecer más información «al no haber protocolos establecidos ni ser algo reglado», por lo que «podrían darse muchas situaciones diversas que llevan a esa praxis».
No obstante, asevera que son las entidades del tercer sector, en muchas ocasiones, quienes activan los procesos de derivación a la capital y no necesariamente se originan siempre desde los servicios sociales municipales.
Los desplazamientos, al menos durante dicho transcurso, eran costeados en metálico, con bonos de guagua, pasajes de barco o mediante prestaciones económicas. Gómez aclara que estas últimas «normalmente se hacen en concepto de ayuda de emergencia social».
Este tipo de subsidios se destina a cuestiones básicas como el pago de alimentos, alquiler o vestimenta. La clave reside en que algunos de los formularios de tramitación incluyen el apartado «Otros», donde el profesional tiene la posibilidad de incluir el pago.
La extrabajadora recuerda el caso de un usuario que «tenía por costumbre viajar siempre a La Gomera» y acababa volviendo porque, en todas las ocasiones, se abonaba el importe del pasaje. «Con tal de no tenerlo en la calle, se lo pagaban una y otra vez». Este fenómeno no es reciente ni exclusivo de Santa Cruz.
Un informe de 2008 de la Diputación del Común ya alertaba de estas prácticas. Según el documento, las entidades locales de Lanzarote, que en ese momento sí contaban con recursos alojativos pero no eran titulares de ninguno de ellos, habrían recurrido al «pago de billetes de avión para el traslado al lugar de origen» de personas en situación de sinhogarismo. Dicha prestación, como señala el texto, estaba contemplada dentro de las ayudas de emergencia social.
Las bases que regulan en Arona estas ayudas dictaminan que el ayuntamiento podrá asumir los gastos de los transportes urbanos e interurbanos «destinados a cubrir, total o parcialmente, los gastos ocasionados por el traslado de las personas a recursos sociales y centros sanitarios especializados y/u hospitalarios dentro de la Isla».
En una entrevista a través de mensajería instantánea, se preguntó a la responsable del área de Servicios Sociales de Arona, Ruth Martín, acerca de si se ha hecho uso de la prestación para cubrir desplazamientos hacia los servicios de Santa Cruz, pero no dio respuesta.
Arona «informó» de la existencia del CMA a personas sin hogar de su propio municipio
En otra entrevista previa, donde también estuvo presente la coordinadora municipal del área
de Trabajo Social Comunitario, Lucía Pérez, ambas negaron que Arona haya derivado algún
caso a la capital de esta forma.
«A lo mejor una recomendación de ‘vete allí o vete a esta zona’;… informarles de que en Santa Cruz hay un albergue. Otra cosa distinta es mandar a una persona de este municipio a otro distinto para sacártela de encima», explicó Pérez, sonriendo ante la pregunta. Martín intervino poco después: «Vamos a ser políticamente correctos y a decir que no nos consta. En Santa Cruz hay cada vez más personas que vienen de algún sitio y en Arona también».
La edil aronera especificó que reciben «entre cinco y diez empadronamientos diarios de personas en situación de exclusión residencial extrema. ¿De dónde vienen? No lo sabemos. Aquí no estaban», dando a entender que su municipio también está afectado por las derivaciones.
«Al final, tiene sentido», prosigue Gómez, la extrabajadora del SIAPSH chicharrero. «Si trabajas en un municipio donde esa persona no tiene ninguna opción o alternativas, amplías la mirada. No es que haya mala praxis, sino que no hay respaldo institucional, ni protocolos establecidos, ni agenda política en la que el sinhogarismo esté presente de manera real».
En octubre del año pasado, Santa Cruz pidió amparo a la Diputación del Común, encabezada por Lola Padrón, para reclamar «más implicación» al resto de administraciones debido a la saturación de su red de atención. REVISTA 360 ha tratado de contactar con Padrón para preguntarle al respecto de esta cuestión, pero no obtuvo respuesta.
De igual forma, el medio trató de alcanzar a los responsables de las concejalías competentes de San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, San Sebastián de La Gomera y La Frontera para preguntarles por este asunto, pero tampoco recibió contestación alguna.
«Un amigo pakistaní me dijo que viniera, que me dejarían quedarme en el Albergue»
En el banco de un parque muy cercano al CMA, un hombre nepalí que responde al nombre de Narayan llegó hace pocos meses a Tenerife. Ingeniero informático de profesión, partió de su tierra natal «para aprender las técnicas de agricultura locales y llevarlas a mi país», contesta en inglés.
«Un amigo pakistaní que vive aquí desde hace tiempo me aconsejó que viniera, que me dejarían quedarme». Aunque se halla en situación administrativa irregular y a la espera de la resolución de un permiso de trabajo, ha podido empadronarse en el centro y obtener cama.
El Reglamento de régimen interior del CMA establece como requisito para su uso «ser residente o estar de tránsito por la ciudad», pero no exige de forma explícita el empadronamiento en Santa Cruz, por lo que tampoco prohíbe la prestación del servicio a personas ajenas al municipio. Sumado a esto, las propias bases del documento dictan que «por norma general la permanencia será de siete días cada tres meses, pudiendo prorrogarse tres días más de existir razones motivadas».
Díaz, por su parte, considera que dicho documento, del año 2014, está «obsoleto» y no responde a las necesidades actuales. Para él, «no es realista realizar un plan de intervención de siete días en algunas personas y que en ese tiempo logren entrar al mercado laboral, establezcan un plan de ahorro y accedan a una alternativa alojativa». El exdirector no recuerda que estas pautas se aplicasen con rigurosidad durante el tiempo que estuvo al frente del servicio.
El Cabildo destina menos recursos que Santa Cruz de Tenerife en concepto de bienestar social
La inversión del municipio de Santa Cruz en materia de Bienestar Social es mayor que la del Cabildo para toda la Isla. Explica González, a cargo del área de Acción Social del Ayuntamiento: «Nosotros sí estamos cumpliendo. Estamos invirtiendo casi cinco millones de euros».
Por su parte, el gobierno insular, a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), destinó tres millones y medio de euros en abril para reforzar programas de atención y apoyo del tercer sector como las subvenciones de emergencia habitacional.
No obstante, ni el número de plazas de los recursos de mínima exigencia en Santa Cruz (destinados a personas en exclusión social severa que no pueden acceder a un recurso tradicional) ni el del CMA se han elevado de forma significativa.
González descarta que se trate de una medida de presión hacia otros ayuntamientos y critica la falta de iniciativas en otras partes de la isla. En sus palabras, «es de justicia» que cuenten con sus propios recursos.
De existir estos proyectos en otras partes del territorio insular, cree que su administración «podría hacer frente a toda su demanda». En este sentido, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna son los únicos municipios que cuentan con programas asistenciales de sinhogarismo gestionados públicamente.
Por su parte, el secretario general de Cáritas en Tenerife mantiene que «sí hace falta elevar las plazas en los recursos de mínima exigencia», discrepando de la estrategia de limitación de la corporación santacrucera. Incide también en ir más allá: «Ojalá le diéramos una casa a las personas por dignidad y que la vivienda social se convierta en una realidad».
«Necesitamos un albergue comarcal en la zona sur»
La concejala aronera asegura haber intentado, sin éxito, poner en marcha un albergue en su municipio. Martín explica, a través de WhatsApp, que el área de Servicios Sociales ha solicitado en reiteradas ocasiones a su grupo de gobierno que se elabore una partida presupuestaria para el proyecto, una petición que hasta ahora no se ha recogido de forma oficial.
Según detalla, la corporación (formada por Coalición Canaria, a la que pertenece, y el Partido Popular) no ha atendido dicha solicitud porque «tienen fijadas otras prioridades». Cáritas constató la presencia de casi cuatrocientas personas en esta situación solo en este municipio en 2025, siendo el segundo de toda la Isla en número de casos.
Junto a esta iniciativa municipal, Martín plantea además la necesidad de un albergue comarcal, de mayor alcance. Sin embargo, reconoce que esta segunda propuesta no se ha presentado de manera formal ante el Cabildo insular (organismo que tiene la competencia para impulsar iniciativas entre municipios), aunque aclara que sí se ha planteado en «diversas reuniones extraoficiales sobre sinhogarismo».
En este sentido, la edil exige a los gobiernos autonómico y estatal, así como al Cabildo de Tenerife, que reconozcan la situación actual del sinhogarismo como una «crisis humanitaria». De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030, España carece de un marco normativo específico «orientado a la regulación de políticas para la prevención y erradicación del sinhogarismo».
El artículo 7 de la ya mencionada Ley de Servicios Sociales de Canarias determina que «la prestación de los servicios sociales se realizará (…) favoreciendo la permanencia en el entorno habitual de convivencia y la integración en la vida de su comunidad».
Asimismo, en su artículo 49 detalla que «los cabildos insulares pueden prestar asistencia a los ayuntamientos de sus respectivas islas con insuficiente capacidad económica» y también que podrán «proveer, organizar y gestionar los servicios especializados que, por su naturaleza y características, tengan carácter insular o municipal».
REVISTA 360 ha querido contactar a Águeda Fumero, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidenta del IASS, para preguntarle sobre la puesta en marcha de este recurso, pero no ha obtenido respuesta alguna.
El tercer sector, sobrepasado
La casa de acogida María Blanca, con 14 plazas y gestionada por Cáritas, se destina a cubrir la demanda de todo el Valle de la Orotava. Natalia Hernández, trabajadora social del recurso, afirma que «se ven constantemente sobrepasados a causa de la total escasez de recursos públicos», que no solo tacha de «insuficientes», sino de «casi inexistentes».
Un educador de la casa explica que se trata de redirigir a las personas que se quedan sin plaza a otras ubicaciones, haciendo mención particular de Café y Calor, otro recurso nocturno en Santa Cruz de veinte plazas, también gestionado por Cáritas y cuya lista de admisión es elaborada cada noche en el CMA junto a las del propio Albergue.
«Se dirige solo a quienes estén empadronados o residan de manera habitual en Santa Cruz», sentencia Hernández. Este medio trató de contactar por vía telefónica con los ayuntamientos del norte tinerfeño para preguntar por qué no se accionan recursos municipales propios que disminuyan este tipo de praxis, pero no logró comunicarse con sus responsables.
Solo se consiguió el contacto de laedil de Bienestar Social y Servicio a la Ciudadanía de Los Realejos, Luz Pilar García, a quien se formuló la pregunta por WhatsApp sin obtener respuesta.
El sinhogarismo agrava la pobreza y dificulta el acceso a derechos básicos
Desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el sinhogarismo se entiende como una de las manifestaciones más extremas de pobreza y exclusión social. Su principal punto de anclaje es el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles). Una de sus metas exige «asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales».
Asimismo, erradicar el sinhogarismo es una necesidad para cumplir el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el 10 (Reducción de las desigualdades), entendiendo que la falta de un hogar digno constituye una vulneración directa de los derechos humanos más elementales.
Esta situación, tal y como apunta Cáritas en su estudio sobre este fenómeno en Tenerife, no solo implica la falta de un techo. Es un «obstáculo crítico» para el acceso a derechos «que van desde el empadronamiento y la atención sociosanitaria básica, hasta el acceso al agua, a ayudas de, emergencia, a prestaciones económicas o a servicios bancarios sociales».
Estas vulneraciones, en sus formas más graves, «se entrelazan con situaciones de violencia y victimización por la propia condición de sinhogarismo, y con la falta de comprensión y recursos adecuados para abordar problemáticas asociadas como los trastornos de salud mental o las adicciones».