Condenados de por vida
Noelia Guerra, Leila Halil, Andrea Molina, Ariadna Martínez, Lara Escobar, Irina Machío y Pilar Pereira
El tráfico ilegal de especies exóticas mueve 20.000 millones de euros anuales
Animales drogados y golpeados para salir en las fotos de los visitantes de un circo, encadenados a jacuzzis y con heridas infectadas, atados en posiciones imposibles dentro de una caja, antiguas mascotas que dejan morir de inanición… Criados expresamente para su compraventa o capturados en sus hábitats naturales estos animales son víctimas de una red global que los sentencia de por vida.
El comercio internacional de especies exóticas, es decir, de animales poco comunes o en peligro de extinción, es un negocio en crecimiento. Su traslado se regula a través de varios Tratados, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), que protege a más de 35.000 especies. No obstante, un alto número de ventas de estas especies se hace de forma ilegal, moviendo cada año en torno a 20.000 millones de euros y convirtiéndose en “el tercer negocio ilícito a nivel mundial, detrás de las armas y las drogas”, según recoge el informe El negocio de la extinción en España, publicado por la organización internacional WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) en 2018.
España, debido a su situación geográfica y vínculos comerciales, se ha convertido en una de las principales puertas de entrada del tráfico ilegal de animales a Europa. Entre 2006 y 2016 llegaron al país unos 4,5 millones de ejemplares de especies protegidas, constituyendo una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.
Concretamente en Canarias, la llegada de animales exóticos invasores puede generar un gran impacto en las especies autóctonas, puesto que son muy vulnerables “a la llegada de competidores, enfermedades y parásitos exóticos”, asegura David Hernández Teixidor, doctor en Biología por la Universidad de La Laguna (ULL). Por ejemplo, en marzo de 2019, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Playa de Las Américas, en Tenerife, incautó un ejemplar de tortuga boba perteneciente al catálogo de especies protegidas de CITES.
Sin embargo, no ha sido el único caso. En Fuerteventura se encuentra la ardilla moruna desde 1965, que fue trasladada al resto del archipiélago canario a pesar de ser una especie cuyo comercio y transporte está prohibido por ley. En Gran Canaria, además, tan solo en lo que va de año se han capturado más de 70 ejemplares de serpiente californiana, según datos del Cabildo Insular
El compromiso político
La política española respecto a la problemática se posiciona en bandos. De los programas electorales presentados, tres partidos políticos responden a esta cuestión. Unidas Podemos cuenta con un apartado denominado Rescate ecológico: salvar nuestra biodiversidad, en el que hacen hincapié en aumentar la prevención de la expansión de especies exóticas invasoras.
Desde PACMA, principal abanderado de la causa animal, abogan “por la prohibición directa de todo comercio con animales por no considerar que puedan ser objetos del mismo”, comenta Yolanda Morales, coordinadora del partido animalista en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, Ciudadanos opta por la creación de un Fondo de Conservación de la Biodiversidad, con el que se pretende recuperar las especies en peligro y conservar las que se encuentran en estado vulnerable. Por su parte, el Partido Popular y VOX no tratan puntos al respecto en defensa de los animales.
En el ámbito legislativo, la Unión Europea establece que los países miembros deben hacer controles oficiales para evitar la introducción intencionada de especies exóticas que podrían ser invasoras. En España el personal de la Delegación del Gobierno es el encargado de los controles en frontera, además de fomentar la conservación y reintroducción de ejemplares amenazados.
Cristóbal David de Vera Cabrera, Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias, señala que “la entrada de los animales desde países terceros solo se puede realizar a través de PIFs (Puestos de Inspección Fronteriza) autorizados”, donde se procede a una revisión médica del animal y a una inspección de los permisos requeridos con carácter previo.
Pese a lo establecido en El Acuerdo de Schengen, que permite el libre movimiento de personas y mercancías, se dispone de un sistema de certificaciones sanitarias de comunicaciones entre origen y destino. Con ello, se pretende minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades y el comercio entre centros no autorizados o de especies no permitidas.
Si no se cumple con la documentación específica, el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE) decide, según el bienestar del animal, destinarlo a establecimientos especializados como zoológicos. No obstante, si la especie no está incluida en el Tratado CITES, puede ser reexpedida. Aunque Vera Cabrera indica que, en la mayoría de las situaciones, estos ejemplares proceden de criaderos o han vivido en contacto con humanos, por lo que no procede su reintroducción a un medio natural original.
La actuación que se lleva a cabo depende de las condiciones del incidente. Entre las medidas de eliminación, postula el director, “puede incluirse la caza para algún animal concreto, pero esta constituye una medida excepcional y no es aplicable en todas las comunidades”. Por otro lado, el tráfico ilegal entra en manos de las autoridades correspondientes y, con posterioridad, pasa a la vía judicial.
Jaime de Urioste: “Lo que hacen es cortarle la pata al loro que ha muerto y le meten la anilla a los polluelos”
Esta fase es la más lenta del procedimiento: desde que se incauta el animal hasta que el juez dictamina la resolución final en base a los reglamentos y el Código Penal. En el caso de los animales amenazados, la condena puede ser económica o penal y se determina si se devuelve al propietario o no. Son muchos los argumentos que utilizan los imputados para recuperar las especies o salir impunes del castigo. Por ejemplo, un condenado por delito continuado de contrabando al que se le incautaron 30 huevos de loro por un valor superior a 55.000 euros aseguró que procedían de un criadero propio.
Los pájaros con los que había comercializado con anterioridad estaban correctamente anillados a pesar de no tener los certificados de compra: “Lo que hacen es cortarle la pata al loro que ha muerto y le meten la anilla a los polluelos mientras tienen la pata blandita”, aclaró Jaime de Urioste, presidente y coordinador de investigación de la Fundación Neotrópico. En el juicio, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid en noviembre de 2012 sentenció a dicha persona a 4 meses de prisión y una multa de 65.000 euros.
A pesar de que hay varios cuerpos de seguridad implicados en el control de especies, SEPRONA es el encargado de intervenir en aeropuertos, puertos y todos aquellos puntos donde puedan aparecer los especímenes. También realiza controles e investigaciones de todas las actividades susceptibles de la posesión o el tráfico ilegal de especies protegidas. Esta unidad, acompañada de un veterinario o inspector sanitario, decide si se procede a la eutanasia o a la reexportación del animal o, por otra parte, acudir a la vía judicial.
Se nos han negado las entrevistas tanto con SEPRONA como con el cuerpo de la Guardia Civil que trabaja en la Aduana del Aeropuerto de Los Rodeos.
Por otro lado, se cuenta con la presencia de un organismo que garantiza que se cumpla la legislación con el comercio exterior, Servicio de Inspección SOIVRE. Según Margarita Rodríguez Corripio, directora territorial adjunta de la Dirección Territorial de Comercio de Las Palmas, se encargan de “la inspección en frontera de las especies que están acogidas al convenio CITES”. Su labor es “a nivel de identificación y clasificación de las especies dentro del convenio”, revisando la documentación legal que deben tener las especies, llamada Documento de Inspección de Especies Protegidas (DIESA).
Si el animal no tuviera documentación, “se comunica a la aduana y ellos se encargan del inicio de tramitación, que normalmente es la apertura de un expediente de infracción”, indica Rodríguez. Tras eso, se deciden las distintas posibilidades ya comentadas, devolución al origen o enviarlos a un centro de rescate, como es el caso de la Fundación Neotrópico. Dulce Yébenes Romero, jefa de servicios de CITES, puntualiza que “CITES no es una prohibición, sino un control de comercio, por lo que con los permisos correspondientes se puede transportar animales”. Asimismo, recalca que “este convenio no es solo para animales vivos, sino también derivados, plantas y marfil, entre otros”.
Según el Informe Anual de 2017 de la Autoridad Administrativa CITES, la mayoría de las importaciones que se realizan en España tienen una finalidad comercial. El resto se agrupan en trofeos de caza y enseres personales, así como especímenes destinados a instituciones científicas, zoológicos, jardines botánicos, investigación biomédica o exposiciones. En 2017 se importaron 35.146 animales vivos; 174.310 plantas vivas; 153.172 pieles, en su mayoría de reptil, subiendo la tendencia de años anteriores. Estos datos corresponden a la actividad legal en contraposición a los 4,5 millones de ejemplares de especies protegidas que llegaron a España de manera ilícita entre 2006 y 2016 .
La directora territorial de comercio de Las Palmas subraya que, a pesar de tratar con los países terceros para la vuelta al origen, “lo normal es que los animales se queden en las Islas, les buscamos acomodo y pasan la cuarentena y el control sanitario que se requiera en el centro de destino”. El lugar de traslado depende del animal, tanto del ambiente como de la posibilidad de formar grupos. En caso de traslado, se produce una inspección para comprobar que el animal lleva el marcado correspondiente.
La caza de animales como método de erradicación
La introducción de animales exóticos en nuevos lugares no siempre supone un motivo de preocupación. En ocasiones, pueden volverse especies invasoras y afectar de manera negativa a la biodiversidad y a los ecosistemas, así como tener repercusiones sociales y económicas. En la Unión Europea existe entre un 10 y un 15% de animales exóticos que tienen un comportamiento invasor. Con el fin de controlar esta situación, en 2014 se aprobó el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.
El Reglamento expresa que las especies exóticas invasoras preocupantes no podrán «introducirse en el territorio de la Unión, en el mercado, ni liberarse en el medio ambiente” de forma intencionada. A pesar de la normativa, el tráfico ilegal sigue creciendo y la biodiversidad está deteriorándose. Al respecto, Yolanda Morales indica que en la Unión Europea “hay desinterés por los animales o su bienestar, falta de legislación y burla de controles, entre otros factores”.
En el momento que un país tenga pruebas de la presencia de una especie exótica invasora en su territorio debe adoptar las medidas de erradicación que el Parlamento y el Consejo Europeo califican de “eficaces para lograr la eliminación completa y permanente (…) garantizando que no se cause a los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitables” y que no afecten de manera negativa a la salud humana y al medioambiente.
En España puede utilizarse la caza y la pesca como medida de exterminio y PACMA considera que “la erradicación de especies se lleva a cabo de la manera menos ética y respetuosa posible porque produce millones de muertes al año, tanto directas como indirectas, contaminando el medioambiente”. De hecho, España es una de las zonas del mundo más contaminadas por el plomo usado en las cacerías, con una concentración de 2,5 millones de perdigones por hectárea.
Morales señala que “se ha permitido el comercio descontrolado de especies potencialmente peligrosas para ecosistemas ya constituidos” y que, a pesar de ser los propios humanos los culpables del desequilibrio en el medioambiente, los animales son los que pagan “los actos de los irresponsables”. Por ello, PACMA rechaza los argumentos de exterminio de especies: “En ningún caso matar es la solución”.
En cambio, el partido animalista apuesta por otras medidas de control. En el caso de las aves, hay alimentos que producen infertilidad temporal por los medicamentos que les introducen; en el de los pequeños animales, puede contemplarse la posibilidad de inserción de depredadores naturales de forma controlada; y en el de los animales más grandes, existe la esterilización a través de la captura y suelta, al igual que las inyecciones anticonceptivas. “Lamentablemente, resulta más sencillo y económico autorizar a terceros a que maten en vez de solventar el problema de sobrepoblación con métodos que no impliquen la muerte de los animales”, apunta la coordinadora.
Adopción irresponsable, causa de abandono
La elevada demanda de animales exóticos por parte del público incide también en esta problemática: la opción de adquirir una especie exótica como mascota. Sin embargo, no tienen en cuenta que ciertos animales no se adaptan a un ambiente doméstico, ni las características concretas que estos pueden desarrollar con el tiempo y que pueden dificultar su mantenimiento.
En estas ocasiones, los dueños de dichas especies se inclinan por su abandono, el cual se traduce en un peligro, no solo para la fauna y flora, al exponer al animal a un hábitat diferente, sino para las personas, dando lugar a problemas sociosanitarios. En el archipiélago canario, estas invasiones biológicas suponen un riesgo mayor para las especies endémicas puesto que, al tratarse de un ecosistema aislado, la competencia, la transmisión de enfermedades y la depredación afectan de manera más acusada que en otros territorios.
Desde la Fundación Neotrópico alertan sobre la necesidad de prevenir y actuar con rapidez en estos casos. Su actividad se centra en la captación de mascotas exóticas abandonadas, animales confiscados por tráfico ilegal y especies invasivas retiradas del medio natural, rural y urbano. Jaime de Urioste, presidente y coordinador de investigación, profundiza sobre la labor de la Fundación: “Cuando se trata de especies consideradas exóticas invasoras, que por sus características son incapaces de valerse por sí mismas o bien suponen un riesgo sanitario a nivel de reproducción o genético, entra en acción el programa denominado Reubicación, con el que intentamos encontrar alguna institución zoológica en Europa que quiera hacerse cargo de los animales. Por otro lado, en caso de que nadie quiera ocuparse de ellos quedan en depósito definitivo en nuestras instalaciones, donde tenemos una política de sacrificio cero”.
Fundación Neotrópico, el único centro de rescate de animales en Canarias
En Canarias, la normativa sobre tráfico ilegal es difícil de aplicar, debido a que “todo se introduce a través de los muelles o los aeropuertos». El problema es que por estas vías, el tráfico es muy amplio, así que no se pueden registrar todos los contenedores y equipajes”, explica Urioste. Esto da lugar a “un problema grave de fauna y flora”, con ejemplos de especies invasoras: la serpiente de California en Gran Canaria, el muflón en Tenerife, el arruí en La Palma o la ardilla moruna en Fuerteventura, cuya ocupación está alcanzando cifras alarmantes.
Con el fin de proteger los hábitats naturales, Neotrópico cuenta con un sistema de cuarentena de nivel 3 único en el archipiélago, una plantilla cualificada en el área y unas instalaciones diseñadas para mantener en cautividad a este tipo de animales. “Durante su estancia estos ejemplares representan una herramienta, tanto para la educación ambiental como para el desarrollo de nuevos sistemas de trampeo, pues nos permiten optimizarlos de manera que sean lo más efectivos posible”, comenta el presidente de la organización.
Cuando la autoridad correspondiente incauta el animal y considera oportuno trasladarlo a un establecimiento especializado, este acaba en uno de los pocos centros de rescate que hay en España.
La Fundación Neotrópico es uno de ellos y su presidente aclara que suelen recoger “aquellos animales que los parques zoológicos no quieren, bien porque presenten una deformación” o su aspecto no sea agraciado, “dado que no son bonitos a la vista del público”. No obstante, Loro Parque resalta su compromiso ético por encima del rechazo de cualquier especie. Considera que hay que cuidar y mantener a los animales rescatados y darles un hogar, garantizando que el zoológico cumple con ello.
En los últimos años, según declara Urioste, la especie exótica que rescatan con más frecuencia es la tortuga de agua. 650 ejemplares se encuentran en sus instalaciones como consecuencia del abandono en parques, estanques o balsas. A causa de su carácter invasor, el Gobierno la incluye en la lista de especies exóticas preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias, recogida en el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo.
Con esta medida, lo que se pretende es prohibir la tenencia, transporte, comercialización e introducción en el medio natural, y modificar el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, con el fin de regular el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Además de representar una potencial amenaza para las especies autóctonas, las tortugas de agua pueden ser portadoras de enfermedades como la salmonella, la cual puede transmitirse al ser humano. Como este caso, son varias las enfermedades que los animales exóticos pueden contagiar: por un lado, las denominadas como zoonóticas, aquellas que pueden transmitirse a los seres humanos (es el caso de la rabia, la salmonela o la clamidiosis aviar) y, por otro, las de segundo tipo que, dependiendo de su gravedad, pueden causar el fallecimiento del animal.
Borja Piña: “La legislación en materia de animales está muy atrasada”
Sobre las primeras, Borja Piña Pérez, veterinario de Loro Fauna, comenta que son “de declaración obligatoria. Si se diera algún caso de un virus de este tipo, el veterinario debe informar a las autoridades sanitarias para que estas se encarguen de tomar las medidas pertinentes”. A pesar de este riesgo, el especialista destaca que las especies exóticas “no requieren de un plan sanitario (como el de un perro o un gato, por ejemplo) que las evalúe, sino que depende del propietario someterlo a una revisión”.
Acerca de los propietarios, Pérez opina que “los que tienen animales exóticos suelen conocer previamente las consecuencias que acarrea la posesión de este tipo de especies porque indagan más”. Sin embargo, también reconoce que existe una parte de la sociedad que no se encuentra preparada para asumir tal responsabilidad. Un ejemplo de ello es el aumento en el número de abandonos.
Desde 2015, el artículo 337 del Código Penal recoge como falta el abandono de animales, contemplando penas de multa de entre uno y seis meses. En el mismo, el maltrato aparece tipificado como un delito castigado con una pena de tres meses y un día a un año de prisión.
“La legislación en materia de animales está muy atrasada, pero poco a poco está siendo mejorada”, comenta el veterinario. Añade, además, que “antes se apreciaban lesiones en animales y, por mucho que los veterinarios lo denunciáramos, no llegaban a haber sanciones muy grandes porque la ley contemplaba al animal como un objeto, como una propiedad y no como un ser vivo”.
A pesar de que existen reglamentos que regulan la entrada y salida de estas especies, Canarias sigue siendo un centro del tráfico a nivel mundial. Lasautoridades trabajan para combatir estas actividades y evitar así la pérdida de biodiversidad, pero la notoria escasez de centros especializados afecta principalmente a los propios animales, víctimas del comercio ilegal.
Además, el Archipiélago carece de un plan sanitario específico que garantice su bienestar y de sanciones más restrictivas que contribuyan a erradicar la compraventa de especímenes exóticos. La mala praxis no solo afecta a la flora y fauna autóctonas de las Islas, sino que acarrea altas tasas de abandono.
