Por David Padrón. Profesor de economía en la Universidad de La Laguna.

 

 

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Coincidiendo con el (re)descubrimiento de las elevadas y persistentes tasas de pobreza y exclusión social como una de las principales debilidades de la economía canaria, hablar del modelo económico ha vuelto a convertirse en tendencia de moda en nuestra región. Lemas como que “la pobreza en las Islas es un problema crónico que solo se aliviará con un cambio de modelo económico” se han multiplicado en el transcurso de los últimos meses.

 

Eslóganes anoréxicos de contenido

Pero las modas son siempre pasajeras, y ésta no es una excepción. Una vez se consolide la recuperación y se maquillen, aunque solo sean anecdóticamente, los resultados socioeconómicos, se volverá a introducir la aparente preocupación por el modelo económico canario en el baúl de los recuerdos.

Eso sí, cuidándose de dejarlo a mano, fácil de localizar, conscientes de que el próximo acontecimiento desgraciado que azote a nuestra economía volverá a destapar sus vergüenzas, y obligará, una vez más, a incorporarlo momentáneamente al discurso.

No es mi intención profundizar aquí en lo recurrente que resulta este tema en nuestra sociedad, sino en la escasa solvencia con la que normalmente es abordado. Un repaso a las declaraciones al respecto de nuestros representantes públicos dejan traslucir la inconsistencia del relato, así como la debilidad de los cimientos sobre los que se asientan las referencias al modelo económico.

No sé si obedece a una aplicación intencionada del principio físico que establece que las ondas sonoras no se transmiten en el vacío, pero al haber vaciado de contenido el discurso sobre el modelo económico canario no es de extrañar que sea un tema recurrente y, pese a ello, no se detecten cambios significativos.

 

Menos modelitos y más sistemas

Los economistas acostumbramos a entender por modelo económico una construcción teórica a través de la que representar el funcionamiento de un sistema económico determinado. Aunque se trata de una abstracción, y, por tanto, de una simpli cación de la realidad analizada, permite entender los aspectos básicos que subyacen a la dinámica del sistema económico objeto de estudio.

Por tanto, los economistas interpretamos los eslóganes anteriores como un deseo por modi car el sistema económico canario. Esto nos obliga a delimitar el alcance de este concepto.

Una definición general y ampliamente aceptada, debida al profesor José Luis Sampedro, es aquella que señala que un sistema económico es un conjunto de relaciones estructurales básicas, técnicas e institucionales, que caracterizan la organización económica total de una sociedad y determinan el sentido general de sus decisiones fundamentales, así como los cauces predominantes de su actividad.

El sistema económico hace referencia a todo el entramado organizacional y los procesos a través de los cuales una determinada sociedad decide y ejecuta sus decisiones de producción, consumo y distribución.

 

Factores técnicos. ¡Más de lo mismo!

Todo sistema económico está integrado por dos conjuntos de factores básicos e interrelacionados: los de naturaleza técnica y los institucionales. El relato dominante en Canarias acostumbra a centrarse en los factores técnicos.

Las apelaciones a la escasez de recursos naturales industrializables, a las dificultades de acceso a fuentes de financiación, su escaso capital humano y gerencial, el reducido tamaño medio de su tejido empresarial, una especialización productiva poco diversificada y muy sesgada hacia actividades de baja productividad y escaso valor añadido, son algunos de los elementos que, de forma recurrente, se ponen sobre la mesa en las discusiones sobre las debilidades del sistema económico canario.

“Si Canarias crece poco y no genera empleo de calidad para todos, obedece”, acostumbra a afirmarse, “a la combinación de los factores anteriores”.

Como colofón, la narrativa dominante en Canarias vincula las debilidades anteriores al carácter archipielágico y ultraperiférico de nuestra región: la hipótesis del fatalismo geográfico.

 

Son las instituciones, ¡estúpido!

Sin embargo, hace tiempo que sabemos que la acumulación de factor tra- bajo y capital físico, las mejoras en capital humano o los avances tecnológicos no son propiamente factores causantes del crecimiento, sino crecimiento en
sí mismo. Sin negar la in uencia que ejercen los condicionantes geográ cos,
el que una economía genere oportunidades de empleo para toda la población activa, su nivel de capitalización y so sticación tecnológica, la cultura empren- dedora y de innovación de su tejido empresarial, depende, en última instancia, de su marco institucional.

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, las restricciones diseñadas por el hombre para dar forma a las interacciones humanas. Éstas desempeñan un papel limitador o restrictivo sobre la conducta humana en las interacciones políticas, económicas y sociales. Una idea que queda bastante bien ilustrada a través de las normas (instituciones) de trá co. Cuando llega- mos a una intersección y nos encontramos con una señal vertical con fondo rojo y escrito en color blanco la palabra stop, sabemos que tenemos la obliga- ción de detener la marcha y dar prioridad a los vehículos que ruedan en la vía principal.

Pero las instituciones también desempeñan, cuando están bien diseñadas, un papel facilitador evidente. Al tratarse de normas y rutinas ampliamente compartidas, con intensos efectos sobre las motivaciones y el comportamiento de los agentes, facilitan los procesos de toma de decisiones y las interacciones humanas.

Siguiendo con nuestro ejemplo de las normas de circulación, es evidente que gracias a ellas los vehículos que transitan por la carretera principal no tienen por qué aminorar la marcha al llegar al cruce aunque vean que otro vehículo se aproxima por una vía secundaria. Confían en que los vehículos que se quieren incorporar respetarán el stop. De igual modo, todos podemos circular a 120 kilómetros por hora en una autopista sin temor a colisionar porque con amos en que cada uno de nosotros respetará las señales, el sentido de la marcha, etc. La ausencia de normas, o su incumplimiento más o menos generalizado, di culta el trá co. Lo mismo pasa en el resto de interacciones humanas, ya sean de naturaleza económica, política o social.

De las de niciones anteriores me interesa llamar la atención sobre los siguientes aspectos:

(1) Las instituciones son un producto social, una creación del ser huma- no. Por tanto, está en nuestra mano su (re)diseño. Y, recordémoslo, los merca- dos también son instituciones sociales. No hay nada natural en su existencia.

La visión naturalista o etérea del mercado es errónea. Como toda institución, los mercados evolucionan a lo largo del tiempo, y desempeñan funciones tanto facilitadoras como restrictivas. La dicotomía entre “mercados libres” e “institu- ciones restrictivas” es igualmente errónea.

(2) Pese a ser un producto social, los componentes de una institución son exógenos a cada individuo; los ciudadanos, considerados individualmente, no pueden (por lo general) modi carlas.

(3) Las políticas económicas son, por un lado, en su vertiente estructural, el origen de los diseños institucionales. Por ejemplo, las reformas estructurales son, en gran medida, ajustes en el diseño de las instituciones existentes. Por otro lado, las políticas económicas articulan el uso que hace la sociedad de sus instituciones y, en este sentido, no modi can las reglas de juego, sino que las emplean para usos determinados.

 

Ineficiencia y lobbies

La mera existencia de una institución no garantiza que ésta promueva com- portamientos socialmente e cientes. Las instituciones de nen equilibrios es- tratégicos, son fruto de la interacción o con icto entre actores y colectivos con intereses no necesariamente coincidentes, y re ejan el equilibrio de fuerzas, el reparto de cuotas de poder. Es por ello que en muchas ocasiones las institucio- nes responden a los intereses de determinados grupos de presión, y no tanto a la búsqueda del interés general.

Una de las funciones básicas de la acción de gobierno debería ser, si su pre- ocupación real es la defensa del interés general, procurar equilibrar la relación de fuerzas, y no dejarse capturar por grupos de interés y lobbies (captura del regulador). El poder de in uencia de estos grupos es mayor en las sociedades más aisladas y con estructuras productivas menos diversi cadas, pues en ellas la competencia entre grupos de interés acostumbra a ser menor.

Los pobres resultados exhibidos por el sistema económico canario en el transcurso de las últimas dos décadas invitan a cuestionar la e ciencia de la ar- quitectura institucional que nos hemos dado. Especial atención debemos pres- tar a los elementos más destacados de nuestras especi cidades institucionales, REF incluido, así como a aquellas materias en las que los poderes regionales (autonómicos, insulares y locales) tienen competencias.

 

Inmovilismo y lobbies

El progreso económico y social de las sociedades no es un proceso lineal,
lo que significa que las instituciones que son apropiadas en un determinado momento histórico o estado de desarrollo, dejan de serlo en otras circunstancias.

Esto supone que el entramado institucional debe ser lo su cientemente exible como para poder ajustarse ante los cambios que reclama el tránsito de una fase de desarrollo a otra.

No reconocer a tiempo la necesidad de cambio o no contar con entornos institucionales permeables a éste supondrá seguir anclados en sistemas económicos agotados, condenando al empobrecimiento a una parte creciente de la sociedad.

Una de las grandes dificultades que enfrenta el cambio institucional, y, por esta vía, las modi caciones en el sistema económico, deriva de la aritmética
de intereses antes apuntada.

En la medida en que las instituciones reflejan un equilibrio de fuerzas, cualquier intento por modificarlas, al suponer cambios en el status quo de determinados grupos de presión, provocará que los colectivos afectados negativamente se resistan al cambio, trasladando, una vez más, al conjunto de la sociedad los costes asociados al inmovilismo.

Conciliar los pobres resultados económicos y sociales cosechados los últi- mos cuatro lustros por la economía canaria con el continuismo de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro entramado institucional debe- ría ser motivo de debate y, sobre todo, de una profunda investigación.

 

Instituciones sociales. No sin ellas

Las instituciones pueden ser puramente económicas (relacionadas con
la libertad para realizar transacciones, el respeto a la propiedad privada y el funcionamiento de los mercados), políticas (libertades civiles básicas y derechos políticos como la libertad para crear partidos políticos y organizaciones o la rendición de cuentas por parte de los representantes elegidos) y sociales.

Por limitaciones de espacio, y al ser las que acostumbran a obviarse con mayor facilidad en los debates sobre el sistema económico, me centraré en las instituciones sociales. Éstas recogen cuestiones de con anza, valores y principios éticos.

Dentro de esta categoría se incluyen aspectos relacionados con la extensión de la corrupción y ese intangible cada vez más importante en las sociedades modernas que es el capital social.

 

Hablemos de corrupción

Son múltiples los canales a través de los que la corrupción dinamita el funcionamiento de los sistemas económicos: altera los mecanismos de asignación (ineficiencia asignativa); abre espacios para las prácticas de búsqueda de rentas (penaliza la creación de riqueza y potencia la redistribución desde el conjunto de la sociedad hacia las élites extractivas); de se estimula la inversión al incrementar la incertidumbre sobre los rendimientos esperados, penalizando el crecimiento económico.

En el ámbito social también son perceptibles los efectos de la corrupción: detrae recursos públicos que podrían emplearse en programas con fines sociales; genera impactos distributivos perversos al incrementar el coste de acceso a los servicios sociales de los más desfavorecidos; refuerza las asimetrías de poder y capacidad de participación efectiva existentes en la sociedad.

Adicionalmente, la corrupción resta legitimidad y respaldo social al conjunto entramado institucional, lo que termina por minar su capacidad para articular la acción colectiva y la gobernabilidad.

Durante los últimos años hemos asistido en España a un grave deterioro de los estándares de calidad democrática y un notable ascenso de la corrup- ción.

Así lo ponen de mani esto los ciudadanos españoles en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una percepción, por lo demás, que se ve reforzada por diversos informes y estudios elaborados, entre otros, por Transparencia Internacional y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Canarias no ha permanecido al margen de esta tendencia tan dañina, tal y como se encarga de mostrar el barómetro del CIS. También el Consejo Económico y Social de Canarias estuvo elaborando durante algunos años un Barómetro de Opinión en el que se advertía que la corrupción figuraba entre las principales preocupaciones de los canarios.

 

Invirtamos en capital social

El capital social evidencia la riqueza y fortaleza del tejido social interno de una sociedad, y está integrado por (i) el grado de con anza existente entre los actores sociales de una sociedad; (ii) las normas de comportamiento cívico practicadas; y (iii) el nivel de asociacionismo que caracteriza a esa sociedad.

La confianza, por ejemplo, actúa como un ahorrador de con ictos potenciales, limitando el pleitismo. Las actitudes en materia de comportamiento cívico, que van desde cuidar los espacios públicos hasta el pago de los impuestos, contribuyen al bienestar general.

La existencia de altos niveles de asociacionismo indica una sociedad con capacidades para actuar cooperativamente, construir redes y sinergias en su interior.

Son muchos los trabajos que demuestran que en España y Canarias reina un clima de descon anza, y un debilitamiento de un ya de por sí pírrico asociacionismo.

Más de un 60% de los españoles, al ser preguntados por las relaciones interpersonales, señala que “nunca se es lo su cientemente pruden- te al tratar con los demás”. De hecho, las estadísticas europeas llevan tiempo señalando a España como uno de los países con menores tasas de con anza interpersonal.

Una descon anza que alcanza al poder político y también al judicial. En torno a las dos terceras partes de los españoles declaran estar en total desacuerdo con la idea de que “el sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son”.

Por si fuera poco, más de la mitad de los ciudada- nos españoles señala que para llegar a ser rico en nuestro país “hay que tener buenos contactos y cultivarlos”, frente a menos de un 20% que piensa que lo que hay que tener son buenas ideas y esforzarse en aplicarlas. La muerte de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades.

 

De tanto obviarlo, se nos olvidó

Tal y como señaló el profesor Nicholas Georgescu-Roegen, “estamos en un momento en el que es necesario enfatizar lo obvio porque ha sido ignorado durante mucho tiempo”.

Esa ha sido precisamente mi intención en esta colaboración: rescatar obviedades con la esperanza de que cuando se vuelva a sacar del baúl de los recuerdos el manido tema del cambio de modelo económico, algunas de estas cuestiones se pongan sobre la mesa.

Quizá no luzcan tanto como los eslóganes electorales en pro de invertir más recursos en infraestructuras ferroviarias y carreteras, aumentar el gasto público en I+D, o entablar duras negociaciones con las más altas instancias españolas y europeas para aumentar determinadas partidas presupuestarias o subvenciones.

Pero la literatura especializada y la evidencia apuntan, sin ningún género de dudas, que las consideraciones planteadas en los párrafos anteriores rinden mejores resultados en términos de crecimiento, desarrollo y bienestar, y que éstos son más duraderos en el tiempo y benefician a una mayor proporción de la población.

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