Un impuesto edulcorado
Por Gabriel I. Redinciuc
*Reportaje escrito en 2019*
Se conocen de sobra los problemas de salud que causa el consumo excesivo de azúcar y el Archipiélago quiere tomar conciencia y unirse a Cataluña en una iniciativa que consiste en gravar la bollería y todas las bebidas azucaradas.
El 1 de mayo de 2017, la Generalitat de Catalunya informaba mediante un comunicado oficial en su página web de la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
Según el artículo 72 de la Ley, “serán gravadas las bebidas que contengan edulcorantes como el azúcar, la miel, la fructosa, el jarabe de maíz, la sacarosa, el néctar o el jarabe de arroz, entre otros”, tal y como publica el Gobierno catalán.
Por tanto, además de refrescos y sodas, líquidos como los jugos de frutas, bebidas deportivas, energéticas, cafés o las leches endulzadas, también están sujetas a este impuesto. La contribución que los habitantes de Cataluña tienen que pagar por cada uno de estos productos que consumen a partir de esa fecha se establece en función del contenido en azúcar de estos.
Así pues, las bebidas con más de ocho gramos de azúcar por cada 100 ml, aumentarán su precio 0,12 euros por litro, mientras que si la cantidad oscila entre los 5 y los 8 gramos, el incremento será de 0,08 euros por litro.
Una de las Comunidades Autónomas más prósperas de España ha sido la primera del país en dar el paso. No obstante, otra ha querido seguir los pasos de Cataluña y sumarse a esta iniciativa que tiene dos vertientes: una que vela por la salud de la población y la económica. Esta otra es Canarias.
En febrero de 2018 el Gobierno de Canarias tomó cartas en el asunto y, tras un pleno en el Parlamento de Canarias se ha solicitado por unanimidad al Gobierno regional la implantación de un impuesto que grave tanto las bebidas refrescantes hipercalóricas, como los productos con alto contenido en grasas saturadas.
Francisco Déniz, diputado regional de Podemos y uno de los principales partidos impulsores de la medida en las Islas explica por qué esta no es mera- mente recaudatoria. “El objetivo principal de esta no es recaudatorio, sino incentivar a la población hacia el cambio de hábitos de consumo alimentarios.
En primer lugar hay que problematizar la cuestión a ojos de la opinión pública, y eso es lo que pretendemos”. El diputado también aclara que se trata de un aumento de precios “simbólico”, pero que resulta “necesario para disuadir a las personas para que no ingieran esos alimentos”.
En el caso de Cataluña, la previsión de la Generalitat es de un ingreso anual de 40 millones de euros, cantidad que no dejan claro cómo se va a repartir. Por otro lado, en Canarias, Déniz estima una recaudación de “entre 10 y 15 millones”.
Según datos manifestados en el Parlamento, el dinero se repartiría de manera que “el gobierno destinaría el 75% de lo recaudado a la sanidad, especialmente a la infantil, el 15% para la investigación sobre salud y alimentación, y el 10% restante en campañas de sensibilización favorables a una dieta saludable, al consumo de productos locales y a la prevención”.
Francisco Déniz aclara que se trata de un aumento de precios “simbólico” para disuadir a las personas para que no ingieran esos alimentos.
A efectos de conseguir la disminución de la ingesta de azúcar, España se ha sumado a iniciativas ya emprendidas por otros países durante estos últimos años. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad informó en marzo de 2016 acerca de la imposición de un impuesto semejante en el Reino Unido.
El gravamen entraría en vigor a partir de abril de 2018 y tendría unas características y unos objetivos similares a los que se plantean en España. La medida velará por reducir la obesidad infantil, así como los costes en sanidad que se producen a raíz de ello.
Desde el punto de vista fiscal, “se deberá pagar una tasa para aquellas bebidas con más de cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros y aquellas que superen los ocho gramos por cada 100 mililitros pagarán una mayor tasa”, tal y como declaró el secretario del Tesoro británico, George Osborne, para el Ministerio.
Entre las otras naciones que se han acogido a esta medida se encuentra México, siendo uno de los que mejores resulta- dos ha experimentado. Según el portal digital gastronomíaycia, “entre el 2015 y el 2017 el impuesto logró provocar una caída del 5,5% del consumo de refrescos el primer año y un 9,7% durante el segundo”.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que si disminuir el consumo de productos con alto contenido en sacarosa no es uno de los principales objetivos del impuesto, debería serlo.
“La ingesta de azúcares libres, entre ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores que está dando lugar a un aumento de la obesidad y la diabetes en el mundo. Si los gobiernos gravan productos como las bebidas azucaradas pueden evitar el sufrimiento de muchas personas y salvar vidas.”, apunta el Dr. Douglas Bettcher, Director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS.
Según estadísticas publicadas en 2014 uno de cada tres adultos (39%) sufría de sobrepeso”. Asimismo, “más de medio billón de adultos” era obesa en la fecha de publicación de esos datos.
En 2015 se estima que «42 millones de niños tenían sobre peso o eran obesos.
En 2015, se estima que “42 millones de niños tenían sobrepeso o eran obesos”. Los continentes con más niños afectados, con- forme a las estadísticas, son Asia (48% del total) y África (25%). Por último, las cifras de los diabéticos también han aumentado de manera drástica, siendo 108 millones los afectados en 1980 frente a los 422 millones en 2014.
Asimismo, la organización se ha pro- nunciado con respecto a las posibles medidas fiscales que se podrían tomar al respecto. En 2016, la OMS emitió un informe titulado Fiscal Policies for Diet and Prevention of Non communicable Diseases en el cual exponía dichas medidas. Además, puso como ejemplo a todos los países los casos de México, donde el impuesto funciona desde el 2014, o el de Hungría, donde se implantó en 2011.
Estos son los datos que se pretenden disminuir con la introducción del impuesto. Sin embargo, Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, manifiesta que los efectos del azúcar sobre la salud “solo se podrán combatir en el marco de una política amplia de hábitos saludables que incluya la alimentos, el deporte, la actividad física etc., así como con formación para adquirir dichos hábitos».
El significado de esto es que desde su perspectiva, el impuesto no está destinado a erradicar las patologías producidas por el edulcorante y que las “medidas aisladas y centradas en un solo elemento son totalmente ineficaces”.
Además, apoya la visión de que el tributo es una medida recaudatoria en “la falta de una campaña de información ciudadana sobre la obesidad y fomento de hábitos de vida.”
En referencia a los posibles beneficios e inconvenientes del tributo sobre el azúcar, García Magarzo sostiene que “las medidas impositivas sobre el consumo rara vez aportan beneficios ya que suponen una contracción del consumo y, por lo tanto, de la actividad económica de los sectores afectados”.
En contraposición a estas a afirmaciones, Déniz no cree que la medida perjudique “en absoluto” la actividad de las empresas y alega que “las empresas productoras o envasadoras de este tipo de productos tienen que tomar con- ciencia de que se puede obtener el mismo beneficio reduciendo la cantidad de azúcar”.
El diputado de Podemos también hace hincapié en la efectividad del impuesto comparando los datos de los países nórdicos en los que la medida ya está en marcha.
“Los resultados han sido increíbles y, como afirman prestigiosas revistas de medicina, los impuestos, aunque sean simbólicos, como es este caso, repercuten en la eficacia de la medida”.
Teniendo en cuenta que Canarias tiene un índice de pobreza tan elevado (el 44,6% de la población está en riesgo o exclusión social), y que el consumo de alimentos poco sanos es directamente proporcional a la capacidad adquisitiva del consumidor, el Archipiélago tiene un problema añadido que es necesario resolver.
Déniz resume esta situación afirmando que “en una región con sueldos muy bajos- cuando se tienen y con la cesta de la compra más cara, al menos un 70% de la población no pueden comer sano.
A mucha gente no le queda otra alternativa que la comida barata, hipercalórica, engordante, procesada, desnaturalizada a base de añadirle barbaridades de azúcar, grasas saturadas y sal. En suma, la comida basura. No come sano el que quiere sino el que puede.”, concluye el diputado.