Un año de vertidos en el Puerto de La Cruz
Alexis Vella, Ricardo Puentes, Gabriel Suárez y Javier Padrón
Verano 2025
347 días de vertidos, emisarios obsoletos y depuradoras al límite dejaron a Playa Jardín sin acceso al baño
Casi doce meses sin baño en el Puerto de la Cruz. El mal funcionamiento de las estaciones de bombeo, sumado a los años de inacción institucional, la deficiente red de saneamiento y los continuos vertidos de aguas residuales, ocasionaron el cierre indefinido de Playa Jardín. El problema, aunque venía de mucho tiempo atrás, se manifestó en forma de desastre ecológico el pasado 3 de julio de 2024 y, casi un año después, acaba de reabrir su acceso al baño.
Casi doce meses sin baño en el Puerto de la Cruz. El mal funcionamiento de las estaciones de bombeo, sumado a los años de inacción institucional, la deficiente red de saneamiento y los continuos vertidos de aguas residuales, ocasionaron el cierre indefinido de Playa Jardín. El problema, aunque venía de mucho tiempo atrás, se manifestó en forma de desastre ecológico el pasado 3 de julio de 2024 y, casi un año después, acaba de reabrir su acceso al baño.
«Nadie debería haberse bañado ahí»
El 21 de junio de 2024 un análisis de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias detectó niveles elevados de la bacteria Escherichia Coli. En cualquier caso, el acceso al baño no se limitó. El cierre oficial no se restringió hasta casi dos semanas después, el 3 de julio. «Nadie debería haberse bañado ahí. Las bacterias son cada vez más virulentas. Una infección a nivel del intestino puede pasar a la sangre, y cuando eso sucede ya es una infección seria… mucho más seria», explica José Manuel González, catedrático de Microbiología en la Universidad de La Laguna y miembro de Micromar —un grupo de investigación que estudia a los microorganismos marinos—.
Por aquel entonces, el gobierno en el Puerto de la Cruz estaba formado por el PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), ambos partidos de ideologías progresistas. Ahora bien, el desastre ecológico que sufrió el litoral del municipio ese verano intensificó las tensiones entre ambos partidos. Finalmente, el 16 de agosto, ACP rompió con los socialistas dirigidos por Marco González y apoyó una moción de censura junto al Partido Popular de Leopoldo Afonso y Coalición Canaria.
Por un lado, David Hernández, miembro del actual gobierno y consejero de Ciudad Sostenible y Agenda Urbana por ACP, destaca que la crisis de Playa Jardín viene de «más de treinta años de dejación en el ciclo integral del agua» y que «las competencias están repartidas entre el Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF)». Este último depende del Cabildo y es el órgano responsable del seguimiento de la correcta depuración del agua.
Cabe destacar que, pese a la relevancia del asunto, ni la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife ni el propio CIATF aceptaron nuestras reiteradas invitaciones a ser entrevistados y, por consiguiente, colaborar en el reportaje. Así pues, Hernández rechaza vincular este conflicto como uno de los motivos de la moción de censura. «Es un hecho que venimos teniendo desde hace muchísimos años, pero rotundamente nada que ver con la moción».
«No ha sido responsable en cinco años de estos asuntos. Ha tenido otras preferencias»
Por su parte, Marco González, exalcalde por el PSOE, coincide en señalar la insuficiente capacidad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la obsolescencia de la red de emisarios, pero insiste en que el municipio carece de competencias para la depuración. «La estación depuradora se declaró comarcal y, por tanto, las competencias municipales son cero; nuestra labor era llevar el agua hasta allí y vigilar las estaciones de bombeo».
Él mismo cuenta que entre 2019 y 2023 impulsó ante el Cabildo la elaboración y financiación del proyecto de ampliación de la depuradora que, tras licitarse, tardó dos años en adjudicarse. «Lo que querían era culpabilizar al alcalde como el responsable del cierre y a los vecinos y vecinas de Punta Brava».
No obstante, crítica a su antiguo socio de gobierno, David Hernández, a la hora de asumir responsabilidades: «no había hecho la tarea. No ha sido responsable en cinco años de estos asuntos, que son temas de vital importancia para el medioambiente de la ciudad. Ha tenido otras preferencias».
«¿Qué se hizo? Nada… no se hizo realmente nada…»
En su contraparte, el responsable de ACP recuerda que «antes del cierre definitivo de la playa, ya se había cerrado como cuatro o cinco veces. Esos cierres ya tenían que habernos puesto en alerta. ¿Qué se hizo? Nada… no se hizo realmente nada… Había otras prioridades en el municipio antes que solucionar el problema».
Según él, el Ayuntamiento nunca ha tenido autoridad sobre la depuradora ni el emisario y sus proyectos, desde el área de Urbanismo, se limitan a canalizaciones, redacción de planes y nunca sobre obras de saneamiento. Eso sí, también reconoce que «en los últimos cinco años se ha trabajado en el saneamiento y, ahora mismo, se están haciendo las actuaciones que se tenían que haber hecho hace 30 años». Actuaciones como «la sustitución del emisario, la ampliación de la depuradora, la nueva canalización de Punta Brava, la creación de proyectos de los aliviaderos y las estaciones de bombeo…», detalla.
En cuanto a la ejecución del cierre de las playas, Marco González reivindica su gestión cuando se declaró la emergencia y explica que el Ayuntamiento, con él al frente, adoptó medidas urgentes para garantizar la seguridad ciudadana. «Conmigo nunca nadie se bañó. Los socorristas me preguntaban cómo actuar, no querían entrar en el agua. Yo pedí colaboración y reforcé con la presencia de la Policía Local y la Policía Nacional», cuenta el exalcalde.
Sin embargo, David Hernández critica la ambigüedad de los cierres y no comparte sus declaraciones. «Cuando se cerró la playa, no se prohibió el baño. Se alertó de que la playa estaba cerrada y que no era conveniente bañarse. La playa estaba cerrada y estaba precintada… si la gente saltaba el precinto y se bañaba…», concluye.
Falta de autorización
Las enormes incidencias en la red del barrio de Punta Brava —ubicado junto a Playa Jardín— se destapan en dos aliviaderos bajo su superficie: uno en el extremo más occidental de Playa Chica y otro en uno de los entrantes de mar que existen en la zona de El Caletón.
Sin embargo, existen otros dos puntos de vertidos en la zona oriental de Playa Jardín. Según datos públicos disponibles en Grafcan, el servicio de cartografía de las Islas, estos aliviaderos carecen de autorización por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para verter aguas residuales al medio marino.
Estos datos confirman la existencia de vertidos no autorizados en zonas de baño, en contra de lo establecido por los Reales Decretos 1341/2007 y 817/2015, que regulan la calidad ambiental de las aguas costeras y de uso recreativo. A todo esto se añaden dos emisarios submarinos adicionales localizados en la misma franja litoral del municipio. Uno de ellos cuenta con autorización vigente, mientras que el otro aún está en trámite de regularización.
No obstante, un informe ambiental de 2022 del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, integrado en uno de los múltiples proyectos de reconstrucción de la depuradora que abastece al municipio, detalla que la estación «carece de la capacidad para dar cumplimiento a los requisitos de la Directiva Europea 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas».
Como apunta Javier Díaz-Reixa, abogado especializado en Transparencia Urbanística, «la legislación no es mala, es un problema de aplicación de la ley, no de las leyes en sí». A su juicio, las normas estatales y autonómicas —desde la Directiva Marco del Agua hasta los parámetros de calidad fijados en los reales decretos— están perfectamente desarrolladas, pero «no funcionan en el día a día. Sirven para multar en determinados momentos, pero no para aplicar controles continuos que eviten que un vertido se convierta en emergencia sanitaria».
«El Ayuntamiento es responsable de la calidad de las aguas de baño; el Gobierno de Canarias y los consejos insulares del seguimiento»
Esta carencia de seguimiento sistemático, añade Díaz-Reixa, se ve agravada por la falta de coordinación de las competencias. «El Ayuntamiento es responsable de la calidad de las aguas de baño; el Gobierno de Canarias y los consejos insulares del seguimiento.
Esa descoordinación permite que los vertidos queden impunes». Frente a ese vacío práctico, reclama que «no hacen falta leyes más estrictas, sino un cumplimiento real de la normativa ya existente», y propone, entre otras medidas, «establecer controles sistemáticos y coordinados entre Ayuntamiento, Gobierno y consejos insulares antes de que un vertido sea un problema».
Canarias arrastra desde hace años sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) como consecuencia del incumplimiento de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
Un ejemplo de ello sucedió en 2018 en Güimar, donde por incumplir la Directiva 91/271/CEE la comunidad autónoma tiene que pagar una multa de 1,375 millones de euros semestrales (2,75 millones anuales) que se mantiene hasta la puesta en marcha completa de las infraestructuras de depuración. Hasta el momento, han abonado alrededor de ocho millones de euros en los últimos cinco años solo por el Valle de Güímar.
«Las depuradoras no están preparadas para la demanda real de los municipios»
La Estación Depuradora de Aguas Residuales del Valle de La Orotava lleva operativa desde los años 90, cuando, por aquel entonces, la población era mucho menor que la actual. Hablamos de en torno a los 25 000 habitantes censados a principios de la década final del siglo pasado, frente a los 31 823 del 2024, según datos del INE. Hay que tener en cuenta que el turismo ha crecido mucho en las Islas Canarias y la cifra aumenta con la llegada de extranjeros y españoles de otras zonas del país.
Carlos Mallo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, valora que el estado actual de las infraestructuras hidráulicas en Tenerife son deficitarias. «Las depuradoras existentes no están preparadas para la demanda real de los municipios. Si las infraestructuras obsoletas ya están al límite y la Isla sigue creciendo por encima de su capacidad, el sistema va a colapsar por muchos sitios».
Hoy en día, la EDAR solo tiene capacidad para tratar 6800 metros cúbicos de aguas residuales al día, una cifra baja en base a la necesidades reales de los tres municipios del Valle de La Orotava (La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz). En este contexto, Javier Díaz-Reixa puntualiza que «en la mejora de obras públicas hemos dado un salto muy grande en cuarenta años, pero las depuradoras siguen funcionando como en la Edad Media. Se inauguran y luego nadie las opera».
Es más, el crecimiento turístico y residencial en las Islas Canarias, que ya congestionan las redes hidráulicas de los municipios, multiplican la presión sobre las redes de saneamiento. Un informe del 2023 del Observatorio Turístico de Canarias señala que, independientemente del incremento de visitantes, el turismo se ha visto afectado por el aumento de los vertidos de aguas residuales.
En línea con ello, Marc Martín, biólogo marino, alerta de que «a mayor desarrollo turístico y residencial, aumentan tanto la frecuencia como el volumen de vertidos de aguas residuales, que degradan la calidad del agua y favorecen enfermedades en la fauna marina». De este modo, Enrique Talg, vicepresidente de Ashotel, confirma el impacto real que supuso el problema. «La situación no se solucionó de hoy a mañana, el miedo es el presente y futuro. Los hoteleros están reformando sus establecimientos y los políticos deben ser valientes e invertir en infraestructura».
«En España se adjudican las obras civiles al precio más bajo, deteriorando la calidad»
Desde el plano técnico, Carlos Mallo diagnostica una «ejecución a la baja» de las infraestructuras. «En España se adjudican las obras civiles al precio más bajo, deteriorando la calidad». Estos problemas podrían indicarnos que muchas obras civiles, sobre todo aquellas menos visibles como las redes hidráulicas, no respetan normas como la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que establece que la adjudicación de contratos debe basarse en la mejor relación calidad-precio, evaluando criterios económicos y cualitativos.
De hecho, los emisarios o aliviaderos deberían usarse solo en emergencias, pero, como cuenta el ingeniero, «aquí se emplean sistemáticamente para descargar aguas sin depurar, reduciendo personal y mantenimiento de la planta».
En el artículo 259 del Real Decreto 1290/2012, que modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se prohíbe claramente que los aliviaderos viertan en tiempo seco. En ese mismo precepto se establece que la incorporación de aguas de escorrentía ajenas a la aglomeración sólo cabe «en casos debidamente justificados». Es decir, en casos de emergencia o episodios de lluvia excepcionales.
Vecinos y negocios
Mientras tanto, vecinos y empresarios se movilizaron ante el desastre ecológico que terminó cerrando las playas en el municipio. La Plataforma Stop Vertidos al Mar se creó tras este problema para coordinar las demandas de los afectados. El 23 de marzo de 2025 reunió a más de mil personas en una manifestación que partió de Playa Martiánez y culminó en la depuradora de Punta Brava.
Candelaria Padilla, representante de la Plataforma, denuncia que el doble impacto de estos vertidos «comprometen la calidad del agua, provocan proliferaciones algales y dañan ecosistemas costeros frágiles». Pero eso no es todo, a la vez, «afectan a la salud de bañistas y pescadores, con riesgo de gastroenteritis, otitis o erupciones cutáneas», cuenta la portavoz.
«No te puedes estar bañando ahí; aunque tú no tengas síntomas»
De acuerdo con esta postura, José Manuel González, vuelve a recalcar el riesgo sanitario que supone. «No te puedes estar bañando ahí; aunque tú no tengas síntomas, puedes contagiar a un niño o a una persona mayor». Un caso muy sonado fue el de Dani, un niño que con tres años sufrió una Anemia Hemolítica Autoinmune por una bacteria de origen ‘desconocido’ en El Médano. Ese día tragó mucha agua contaminada y a consecuencia de ello tuvieron que practicarle una craneotomía tras un ictus.
De nuevo, para Padilla, la normalización de vertidos sin tratar responde a que «el crecimiento demográfico y turístico superó el ritmo de actualización de las infraestructuras» . Este escenario se agrava con la insuficiente inversión y la falta de dotación presupuestaria para renovar y ampliar depuradoras perpetúa la crisis.
Ante esto, Enrique Talg, como representante hotelero, dice que desde Ashotel ofrecían «la mano extendida» para colaborar y lograr revertir la situación. Bien es cierto, cuenta que «el turista de Puerto de la Cruz no es el clásico de sol y playa, pero esto debe estar al cien por cien. No debe repetirse esta situación».
Tan grave era la situación que, antes de la reapertura, tras acudir a varios comercios locales de la zona, un trabajador cuenta que el problema «estaba afectando muchísimo». Un bar en concreto cifró las pérdidas en torno a los «ocho mil y nueve mil euros», algo así como «más de cuatro sueldos cada mes».
Riesgo en la biodiversidad marina de Canarias
Por otro lado, la llegada de microplásticos a través de los vertidos de aguas fecales tienen un gran impacto en el ecosistema marino. Según un estudio de Frontiers in Marine Science hecho en Canarias, estos fragmentos actúan como vectores de nutrientes y contaminantes, estimulando proliferaciones descontroladas de algas que alteran la estructura de los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos.
En base a esto, Alicia Herrera, oceanógrafa e investigadora, advierte que «el ecosistema marino canario sufre una creciente presencia de microplásticos, piroplásticos y plastitar, que afectan a organismos en todos los niveles tróficos». Según ella, «los microplásticos y patógenos procedentes de vertidos de aguas residuales pueden acumularse en peces de consumo habitual, con potencial de transmisión de toxinas, bacterias y virus a las personas». Todo esto contribuye a la pérdida de biodiversidad y a un riesgo sanitario creciente en los litorales de Tenerife.
«Aunque no comamos el estómago del pescado, podemos ingerir restos contaminados»
Eso no es todo, la oceanógrafa recuerda que existe otro factor indirecto que puede afectar a los humanos en casos como este. La bioacumulación de contaminantes procedentes de los vertidos. «Las sustancias tóxicas absorbidas por los microplásticos se biomagnifican en la cadena trófica, de modo que, aunque no comamos el estómago del pescado, podemos ingerir restos contaminados», explica.
También nos advierte el Catedrático de Microbiología de la ULL que, en cuanto a la cadena alimentaria, «en zonas de bivalvos, los filtradores atrapan patógenos y luego los consumimos». Entiéndase bivalvos como moluscos aprovechados con fines gastronómicos: lapas, almejas, navajas, mejillones…
Eso sí, la recuperación de los ecosistemas marinos, una vez degradados por los vertidos, es bastante lenta. Si una zona se declara como área protegida, pueden pasar hasta diez años sin observarse cambios reales. Marc Martín, cuenta cómo «el mar se degrada con rapidez, pero tarda una década en recuperarse tras crear una reserva. Esto puede causar un sesgo generacional que haría que la juventud carezca de buenos espacios de biodiversidad».
Para revertir este problema, no solo hace falta invertir en la mejora de las infraestructuras hidráulicas, el biólogo enfatiza en la importancia de educarse y valorar el patrimonio marino. «Debemos aprender y estudiar la variedad biológica marina para adoptar medidas conscientes. La educación debe abarcar tanto centros escolares como a las familias y turistas». En esta línea, proyectos como Un Mar de Ciencias, impulsado por la Consejería de Educación, ya está acercando la biodiversidad costera a muchos alumnos de las Islas Canarias.
Se cumplieron 347 días desde el cierre de Playa Jardín. Los emisarios seguían descargando vertidos y las depuradoras, no sólo la del Puerto de la Cruz, operaban al límite de su capacidad. Mientras tanto, los canarios mantenían viva la movilización iniciada hace meses, con la Plataforma Stop Vertidos al Mar al frente exigiendo que las obras de sustitución de emisarios, la ampliación de la EDAR y la instalación de sistemas de aliviaderos regulados comenzaran de una vez. «Luchamos por un mar limpio y saludable», reivindicaba Candelaria Padilla. El reloj avanzaba y, hasta ese momento, el agua seguía sin ser apta para el baño.
Más allá del Puerto de la Cruz
El caso del Puerto de la Cruz no es el único en Tenerife, ni en Canarias. De hecho, existen numerosos incidentes ocasionados por vertidos desde tierra al mar que impactan en la calidad del agua de baño y en la biodiversidad marina de las Islas. Solo en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife se registran más de 220 puntos de vertidos. En la Isla de Tenerife son más de 190, según el Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias de 2021. Esta memoria se actualizó sin realizar nuevas inspecciones sobre el terreno, utilizando únicamente la documentación proporcionada por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica. A partir de esa información, desde 2003 hasta 2021, el número de puntos censados ha crecido de 115 a 227. De todos esos, 128 no están autorizados, ya sea porque, como se menciona, a algunos se les ha rechazado la autorización, otros se encuentran en trámites o incluso se les ha vencido el expediente. Es decir, el 65.6 % de las conducciones de desagües o emisarios no tienen los permisos necesarios.
En 2024, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPM) abrió 70 expedientes por vertidos en todo el Archipiélago. Pero eso no es todo, por ejemplo, en mayo de este mismo año, el Ayuntamiento de Adeje cerró temporalmente las playas de Troya y El Puertito por niveles elevados de E. Coli y enterococos intestinales en el agua. Algo parecido a lo que se vivió en Playa Jardín.
Precisamente, antes del cierre, la playa de Troya fue protagonista una semana antes por una protesta tras detectar un vertido de color marrón que salía directamente al mar que también afectaba a la playa de Las Américas, en el municipio de Arona.
En línea con lo anterior, este año Canarias ya perdió nueve banderas azules. Estas son un distintivo internacional otorgado anualmente por la la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que reconoce la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios de las playas y puertos deportivos.
Las principales causas son el descenso en la calidad del agua, el incumplimiento de la Ley de Costas o la presencia de instalaciones no autorizadas. Han perdido este distintivo cuatro arenales de Tenerife, otros cuatro de Lanzarote y uno de Fuerteventura. En Tenerife son Fañabé (Adeje), El Camisón (Arona), El Muelle y las piscinas naturales de El Caletón (Garachico).