Una asignatura dependiente
Laura Herrera, Ángel Panero, Saada Joudieh y Michael Valdivia
No puedo más. Ya no sé qué hacer. Me siento impotente. Me duele todo, hasta el alma. Estas son tan solo algunas de las frases más dichas por cuidadores de las más de 9.950 personas canarias que están esperando por su resolución de la Ley de Dependencia. Con 943 días de media, de acuerdo a datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, las Islas no tan afortunadas encabezan desde hace años la lista de las Comunidades Autónomas con más demora a la hora de conceder esta ayuda. Mientras, miles de familias bajo un limbo político de desamparo e incertidumbre.
Se habla de dependencia cuando las personas precisan de ayuda de algún profesional para ejecutar cualquier tipo de actividad de la vida diaria. Los deterioros cognitivos, el cáncer, las patologías óseas o simplemente una avanzada edad pueden desembocar en una dependencia susceptible de ser cubierta por la Ley.
El primer paso a seguir para solicitarla empieza en el centro de salud al que una persona está adscrita. En él, el personal médico realizará una evaluación del paciente y emitirá un informe sobre su situación. Aquí es donde empieza una primera lista de espera.
Una vez haya constancia por escrito de que una persona presenta rasgos de dependencia, se debe presentar la solicitud en un ayuntamiento o en la propia Dirección General de Dependencia y Discapacidad. En este lugar, la solicitud inicia dos procedimientos distintos de forma paralela: la valoración del expediente y la elaboración del informe del Plan Individual de Atención (PIA).
Los trabajadores sociales de la Dirección deben realizar dos visitas distintas al domicilio: una para conceder la dependencia y otra para el PIA. En este punto, el dependiente ha pasado por tres listas de espera. Una vez hechas, se emite una resolución de expediente. Por último, llega una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la cual permite al cuidador cotizar en la Seguridad Social, o una prestación vinculada con un servicio.
Desde que se inicia el procedimiento en el centro de salud hasta que llega concedida la prestación, el dependiente ha pasado por un total de cinco listas de espera con un total de seis meses de demora de media.
Los primeros indicios
Marisa es la hija de una paciente con alzhéimer. Solicitaron la ayuda hace cuatro años y aún no les ha llegado el famoso sobre blanco con la resolución de expediente. En su familia disponen de los servicios de una persona que acude cuatro horas a la semana para ayudar con tareas de aseo. “Mi madre tiene reconocida la discapacidad, pero lo único que hemos conseguido es un papel que nos permite aparcar en zonas de personas con movilidad reducida y nada más”, explica.
Ella y sus hermanos son tan solo uno de los muchos rostros que reflejan la realidad de la dependencia en las Islas. La larga espera de algo que parece que nunca va a llegar y la falta de ayuda los limita demasiado. Con el fin de liberar algo de carga, Marisa acudió a la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de alzhéimer y otras demencias de Tenerife (AFATE).
En Canarias se ha producido un retraso casi histórico desde el inicio
AFATE es una de las muchas organizaciones que existen para prestar asistencia a las personas que llevan años esperando por una resolución de grado de la Ley de Dependencia. En ella, se encargan de prestar servicios a domicilio y atención tanto asistencial como psicológica a cuidadores de los pacientes.
Manuel Negrín, su presidente, tiene claro cuál es el epicentro de la gran problemática: “Aquí en Canarias se ha producido un retraso casi histórico desde el inicio, porque no se planificó bien o no se dimensionó correctamente la cantidad de personas dependientes o las personas que podían acogerse a esta ley”.
En estos cuatro años, gracias a AFATE, la familia de Marisa ha podido descargar algo de carga de trabajo de sus espaldas. A pesar de tener reconocida la discapacidad de su madre, su solicitud de la Ley de Dependencia no está del todo resuelta. Están esperando por la segunda visita de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. “Nos han dicho que probablemente en este año ya nos toque, esta segunda valoración puede hacer que nos den más horas con un rehabilitador o al menos una ayuda económica”, manifiesta con una gran esperanza.
Que Canarias sea la comunidad autónoma con peores datos en materia de dependencia repercute de forma directa en el Sistema Canario de Salud. Ignacio Sicilia, enfermero comunitario de enlace en el Centro de Salud de Tejina, explica que un dependiente que no está bien cuidado generará un mayor consumo de recursos sanitarios y hospitalarios.
Estas personas pueden no estar recibiendo la medicación adecuada o las actividades de rehabilitación que se precisan, por lo cual realizan más visitas al médico y, por tanto, repercute en los tiempos de espera de la atención primaria. “Es un pez que se muerde la cola, por decirlo de alguna forma, un paciente dependiente bien atendido es mucho más económico que una persona que no está bien atendida”, declara Sicilia.
Para él, la raíz del problema reside en el propio procedimiento de la ley, pues, sentencia, este “se ha burocratizado y se ha complejizado tanto que es lo que hace que la solicitud de dependencia tarde hasta tres o cinco años sin reconocerse”. Sin embargo, no está todo perdido. El enfermero manifiesta con esperanza que ahora mismo, desde dentro del sistema, se percibe que el Gobierno actual parece ser consciente del grave problema que hay en las Islas y que quieren arreglarlo.
Cimientos mal construidos
El caos no solo se vive en las casas de los dependientes no reconocidos por la ley, sino también en los pasillos de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Noemí Santana llegó al cargo de consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en 2017 y le hizo frente a uno de los mayores retos a los que el Gobierno debía hacerse cargo. La secretaria general de Podemos Canarias se encontró con “unas complicaciones” dentro de los despachos donde se hacían las resoluciones de grado.
Según cuenta, se encontraron con un volumen de cajas con más de 5.000 personas que no estaban dadas de alta en el sistema. También habla de que “había personas apuntadas incluso en post-it en las mesas de los funcionarios”. Lamenta que cuando llegaron, había gente que “ni siquiera existía”, y que “esos son los peores”, porque si estás en una caja pueden pasar cinco años sin que te atiendan.
Marta Arocha, la directora desde enero de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y diputada del Partido Socialista Obrero Español, apunta que una de las grandes carencias que ha habido históricamente ha sido la falta de personal. Y así lo confirma María Reyes Henríquez, exdirectora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias: “Las listas de espera no se mueven o tardan porque hay poco personal, para una media de 20.000 solicitudes, la Dirección contaba con tan solo 20 valoradores”.
Identificar uno de los principales problemas era fácil. La solución, no tan simple. Contratar a nuevo personal para dotar a la Dirección de nuevos trabajadores no era tan sencillo como parece. En la gran ecuación de la Dependencia en Canarias entra otra incógnita a despejar: la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy.
La Consejería no podía emitir una Relación de Puestos de Trabajo (RTP) para contratar a más personal puesto que, según dicha ley, las RTP debían ser a coste cero para la Administración. Como es lógico, contratar a nuevo personal genera un gasto adicional. Cristina Valido, antigua consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda y diputada de Coalición Canaria, manifiesta que “si no se podía ampliar la plantilla, difícilmente se podría estructurar la Dirección General de la manera que un servicio como el de la dependencia requiere”.
Tenemos que conseguir que el personal sea estable
Una de las soluciones más inmediatas que han aplicado desde el Gobierno de Canarias actual para acelerar el ritmo de las listas de espera ha sido mediante la contratación de nuevo personal. Tras varios dolores de cabeza, han conseguido incorporar hasta 66 nuevos trabajadores sociales, de tal forma que ahora se dispone de una Dirección General compuesta por 86 valoradores, a la espera de más incorporaciones en las próximas semanas.
Sin embargo, estos trabajadores que fueron incorporados por la Fundación Canaria de Acción Social y el Servicio Canario de Empleo no ocupan puestos fijos, sino que disponen de un breve contrato de tres años, por lo que el gran logro de la Consejería podría volver a convertirse en un infierno en el futuro. “Lo que tenemos que conseguir y es por lo que yo estoy luchando es porque el personal de esta Dirección General sea personal estable”, explica Marta Arocha.
El cuello de botella
Puede parecer que la mayor de las preocupaciones de la problemática canaria está solucionada. Lo cierto es que la falta de personal en la Administración es tan solo una de las diversas aristas que conforman el drama dependiente. Más allá de la falta de personal, la cual se está intentando cubrir, existe un problema aún mayor y otra de las razones por las cuales se estanca el procedimiento.
Los centros de días y residencias son dos herramientas potentes que pueden mejorar la calidad de vida de la persona dependiente. El enfermero Ignacio Sicilia explica que “el paciente puede utilizarlos para no estancarse porque hacen estimulación física y cognitiva, de tal forma que los mantiene lo más activos posible y descarga a los cuidadores”.
Durante la época del confinamiento producido por la Covid-19, se cerraron los centros de día y las personas dependientes perdieron el único ancla que las mantenía fijas. Esto se reflejó en un aumento de solicitantes de la Ley de Dependencia y un empeoramiento de las condiciones de quienes ya estaban amparados por ella. Además, se reforzó la creencia de que este tipo de infraestructuras son claves para ofrecer un buen servicio a las personas dependientes.
El segundo problema al que se enfrenta el Gobierno de Canarias es un déficit de 9.000 plazas sociosanitarias para poder abastecer de una forma satisfactoria la demanda de las personas dependientes en Canarias. Sin embargo, esta institución es la encargada de resolver los expedientes y conceder el dinero para la creación de las plazas. La construcción de las infraestructuras son competencia de los distintos cabildos del Archipiélago.
El 8 de enero de 2018, el gobierno de Fernando Clavijo estableció el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, un convenio mediante el cual el Gobierno de Canarias deriva 161 millones de euros para la construcción de 5.500 plazas sociosanitarias. Los cabildos, junto con otros 102 millones que debían aportar de su bolsillo, tendrían que haber terminado la construcción de estas plazas en diciembre del año 2020.
Administrativamente, ni siquiera existe un plan, nunca existió una estrategia para desarrollarlo
Sin embargo, este plan, aunque estaba firmado y aprobado, nunca llegó a existir. “Hubo un cambio de Gobierno y muchos cabildos nos transmiten que no estaban ni siquiera los proyectos pactados y han tenido que licitar los proyectos y las ejecuciones de las obras”, explica Marta Arocha.
Los cabildos de las Islas debían construir sobre cimientos fantasmas unas plazas sociosanitarias. Esta era una tarea más que difícil. Según Marián Franquet, consejera de Acción Social en el Cabildo de Tenerife, se firmó un documento en el que se establecía el presupuesto que se iba a destinar al proyecto, pero nunca existió un plan de necesidad, un estudio demográfico sobre el tipo de plazas que más se demandaban o un mapa de dónde debían situarse. “De hecho, ni siquiera administrativamente existe un plan, este requiere de una estrategia para desarrollarlo y eso nunca existió”, insiste la vicepresidenta tercera del Cabildo tinerfeño.
Un rayo de luz parece estar alumbrando a las Islas afortunadas. El Gobierno de Canarias está a la espera de recibir 200 millones de euros que provienen de los Fondos Europeos. De esa cuantía, Noemí Santana declara que se destinarán 72 millones a dependencia y a la creación de más plazas sociosanitarias.
El caos informático
El último de los problemas, el cual señala Marián Franquet, está relacionado con la digitalización y la poca modernización de los sistemas informáticos del Gobierno de Canarias. Noemí Santana también puntualiza el mismo problema, pues explica que cuando llegó a la Dirección, se encontró con que “se estaba trabajando con unas tecnologías del siglo pasado” y que se agrupaban todas las solicitudes de dependientes mediante hojas de cálculo en Excel.
Los cabildos son los encargados de la asignación de plazas de los dependientes en función de las resoluciones que emite la Dirección General. A pesar de ello, la concejala del Cabildo mantiene que estos no tienen un completo acceso al documento en el que están los registros y se lo tienen que ir pasando de institución en institución.
“Yo tengo que coger una hoja de Excel kilométrica y empezar a mirar campo por campo para ver cuáles son las características de estas personas, para ver qué centro le asigno”, alega Marián Franquet para explicar por qué la modernización del sistema informático es algo clave en la ecuación de la dependencia.
De este problema han sido conscientes desde la Consejería. Noemí Santana y su equipo visitaron otras regiones que partían de una situación complicada pero que estaban empezando a tener buenos resultados en materia de dependencia como era la Comunidad Valenciana. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura cedió el aplicativo, es decir, el programa con el que se hace el registro de los solicitantes en su comunidad, con el fin de poder ayudar a la problemática histórica de las Islas Canarias.
Sin embargo, el proceso para adaptar dicho aplicativo a las Islas no ha sido fácil. En el proceso entran en juego licitaciones, plazas a concurso administrativo, empresas con papeles incompletos y varias trabas burocráticas que han hecho que esa adaptación del programa informático se haya demorado.
El falso techo
El Gobierno de Canarias está batiendo récord en cuanto a resolución de expedientes. “Se nota que hay algo de mejoría, la semana pasada fui a una paciente que había solicitado la dependencia y en seis u ocho meses le llegó la resolución”, manifiesta el enfermero Ignacio Sicilia. Desde las organizaciones también perciben un ritmo más acelerado de ayudas aprobadas.
Lo cierto es que en los últimos meses del gobierno de Coalición Canaria en 2019, se tramitaron un total de 800 expedientes. Tan solo en el mes de marzo, el Gobierno de Ángel Víctor Torres resolvió hasta 1100 solicitudes. Una mejoría totalmente esperanzadora. La problemática canaria parece que va caminando hacia el fin, pero… ¿Realmente es así?
Benito es cuidador de su madre, la cual padece Párkinson desde hace 25 años. Comenta que su experiencia con la Ley de Dependencia ha sido tortuosa. “Nos dirigieron a muchos sitios para poder conseguir los papeles que debíamos presentar, pero no nos hicieron caso, cada seis meses había que aportar nueva documentación médica sobre la evolución de la enfermedad de mi madre y en siete años no nos hicieron caso”, explica.
Su familia tuvo que acudir al Diputado del Común e interponer una reclamación para que desde el Directorio enviaran a un valorador justo antes de la pandemia. A pesar de ello, lamenta que: “Desde entonces, no ha llegado esa carta blanca para poder activar los servicios gratuitos o recibir las ayudas económicas que se supone que llegarían, aun así teniendo mi madre el tercer grado de discapacidad”.
Las prestaciones económicas son insuficientes
Las resoluciones actuales que se emiten son de 387€ para la persona dependiente, que con efectos retroactivos pueden llegar hasta los 15.000€. La antigua exconsejera Cristina Valido habla de que “las ayudas que se están aprobando suponen una prestación económica insuficiente para que se pueda decir que el dependiente está atendido por el sistema”.
Las familias manifiestan que estas resoluciones son insuficientes para llegar a hacer frente a todos los gastos que genera una persona dependiente. El Servicio Canario de Salud únicamente subvenciona sillas de ruedas y estas ayudas tienen también una lista de espera enorme.
Los Enfermeros Comunitarios de Enlace como Ignacio Sicilia han reunido durante años varios materiales para ser prestados, pero sigue siendo un número muy reducido. Algunas asociaciones y ONG como Cruz Roja o ACUFADE pueden prestar los elementos necesarios, pero la demanda es tal que se encuentran desbordados.
El Gobierno de Canarias está priorizando las prestaciones de cuidados en el entorno familiar y las vinculadas al servicio para que la persona dependiente pueda costearse un servicio privado. “Por ejemplo, estamos sacando muchas resoluciones en donde se da una prestación económica, pero también un centro de día público o una prestación económica con una promoción de la autonomía personal”, explica Arocha.
La directora de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, por su parte, sostiene: “Por supuesto que son cantidades que se pueden mejorar, pero ahora mismo estoy orgullosísima de las resoluciones que están saliendo, son muy completas y por lo menos las personas están recibiendo una ayuda”.
Sin embargo, el secretario general del Partido Popular, Poli Suarez, se acoge a datos del Observatorio Estatal de la Dependencia y señala que el 83% de las personas que salieron del limbo lo hicieron porque les han dado una paga, mientras que 478 personas han logrado otro tipo de ayudas como teleasistencia o ayuda a domicilio.
El ‘entretiempo’
Mientras el juego político se centra en dar pases en el campo, miles de familiares siguen con una carga de trabajo sobre sus espaldas que no saben bien cómo gestionar. Para ello, entran en el partido las organizaciones y los ayuntamientos.
El Gobierno de Canarias resuelve expedientes y los distintos cabildos construyen las plazas sociosanitarias y derivan a la gente a los centros. Mientras, algunas organizaciones como AFATE disponen de centros de día para el cuidado de sus pacientes con la intención de intentar paliar un poco el déficit de las 9.000 plazas sociosanitarias que necesita el Archipiélago.
Por otra parte, los ayuntamientos prestan servicios de ayuda a domicilio. Mediante esta herramienta, las familias reciben a personal cualificado durante algunas horas en la casa del dependiente para ayudar en tareas de aseo y del hogar. Hay algunos ayuntamientos en los que se precisa que la persona esté reconocida como dependiente.
“Si desde el ayuntamiento se pide a la persona que tenga tramitada la dependencia para recibir nuestra ayuda y la dependencia está tardando dos años, al final estamos haciendo ahí un propio muro que hace que la ayuda no llegue a las personas lo antes posible”, manifiesta Rosario González, concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Por esta razón, otros municipios de las Islas han modificado esta condición de tal forma que solo se necesita que se haya presentado la solicitud de la Ley de Dependencia para la prestación de servicios. “No podemos ir hacia un mundo en el que todas las personas mayores estén en residencias”, agrega la concejala.
Además, las organizaciones y los ayuntamientos disponen de servicios psicológicos para cuidadores de las personas dependientes. Actualmente, la Ley de Dependencia no recoge ningún plan de este tipo de ayuda.
Muchas veces solo existe un único cuidador y no caemos en que esa persona necesita un apoyo
Néstor Cabrera, psicólogo especializado en tema, explica que la depresión y la ansiedad son el caballo de batalla que más presencia tiene en las familias. Además, cuenta: “A veces llego a muchos domicilios y cuando realizo la entrevista a la cuidadora lo primero que pienso es que ella también necesita un cuidado especial. Muchas veces solo existe un único cuidador y no caemos en que esa persona necesita un apoyo”.
El psicólogo explica que muchas veces las familias están desbordadas simplemente porque necesitan información u orientación sobre la cuestión. Además, agrega que “si tú les dices que la cosa va a tardar un año o le ponen fecha sería mejor, pero esa incertidumbre de tantos años y no saber ni cómo va la cosa es lo que genera un gran desgaste”.
Asimismo, apunta que el burnout o síndrome del cuidador quemado es uno de los problemas psicológicos al que se enfrentan los familiares. Se produce cuando la persona que cuida del dependiente dedica todas las horas del día al cuidado de este y no se dedica tiempo a sí misma. Se termina produciendo una carga física y psicológica en la figura del cuidador que no es capaz de soportar y termina derivando en un cuadro grave de ansiedad y depresión.
Se estima que un 85% de los cuidadores presentan este síndrome. Se manifiesta a través del cansancio, dolores de cabeza, falta de sueño, problemas de salud que antes no presentaba, dificultades para concentrarse, resentimiento, abandono de las relaciones sociales, tristeza e irritabilidad, entre otras cosas.
La tormenta continua
La solución no dependía únicamente de Cristina Valido o de María Reyes Hernández. Tampoco depende ahora mismo de Noemí Santana o de Marta Arocha. La dependencia en las Islas se ha vuelto un problema tan grande y con tantas aristas que, según la concejala Rosario González, “debería tratarse como un tema general de todo el Gobierno, no solo de un área, es decir, deberían implicarse todas las competencias como Hacienda, porque al final vamos hacia un mundo cada vez más envejecido y cada día vamos a tener una población mayor”.
La Ley de Dependencia es la mayor enemiga de la propia dependencia. Por esta razón, como apunta el secretario del Partido Popular Poli Suarez, “la ley es estatal y se deberían detectar los problemas que tiene la ley a nivel estatal para modificarla”.
Manuel Negrín habla sobre que “el problema no está en los ayuntamientos o en el Gobierno, el problema está en quien creó esta ley que ahora es difícil de reducir”. El problema de la dependencia en las Islas Canarias es algo más que falta de personal o de plazas sociosanitarias. Es un entramado de trabas políticas, económicas, legales, sanitarias e incluso sociales. El pequeño copo que cayó y que se ha ido uniendo a otros para conformar una gran bola de nieve que va rodando cuesta abajo.